Actualización urgente: Derrumbe en San Alejo, Ixtapan de la Sal urgente: Derrumbe en San Alejo, Ixtapan de la Sal

 

Por Redacción | Agencia MANL


Estado de México.- Un deslizamiento de tierra ocurrido este domingo 28 de septiembre en la carretera que conecta Ixtapan de la Sal con San Alejo ha dejado a varias personas atrapadas y ha provocado el cierre total de la vialidad. Vecinos reportan que la magnitud del siniestro es mayor a la reportada oficialmente, generando preocupación en la comunidad.

Hasta el momento, una joven de aproximadamente 20 años fue rescatada del interior de un taxi y trasladada al Centro de Salud de Ixtapan de la Sal, en la comunidad de El Salitre, donde recibe atención médica. Vecinos han solicitado apoyo para identificarla, ya que permanece como desconocida.

Además, al menos cinco personas han resultado lesionadas y han sido trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Se recomienda a la población no acudir al sitio debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos deslizamientos. Las autoridades han habilitado rutas alternas a través de la comunidad de Tecomatepec, conectando con la carretera Tecomatepec–Yerbas Buenas, con salida en El Reynoso. Se insta a los conductores a conducir con precaución y respetar los señalamientos en todo momento.

Las autoridades municipales y estatales están trabajando en el lugar para atender la emergencia y restablecer la seguridad en la zona.

#Derrumbe #IxtapanDeLaSal #SanAlejo #Emergencia #EstadoDeMéxico #Rescate #SeguridadVial

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Diputado Octavio Martínez denuncia fabricación de delitos en el Edoméx

 

Por Redacción | 24 de septiembre de 2025

Cronista Noticias 

Toluca, Méx.— Durante la sesión del Congreso local, el diputado Octavio Martínez Vargas (distrito 6) expuso la grave situación en los 22 centros penitenciarios del Estado de México, donde más de 41 mil personas permanecen privadas de la libertad. Según sus estimaciones, hasta el 45% de la población penitenciaria es inocente y ha sido víctima de delitos fabricados.

El legislador señaló que la mayoría de los casos recaen en personas sin acceso a una defensa particular, lo que los obliga a depender de defensores de oficio que, en muchos casos, no garantizan procesos justos. Agregó que las víctimas son revictimizadas desde el primer contacto con policías y ministerios públicos, hasta la etapa judicial.

Ante esta realidad, Martínez presentó reformas al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el fin de sancionar severamente a servidores públicos que manipulen pruebas o incurran en omisiones que afecten los procesos judiciales. Las modificaciones plantean penas de tres a ocho años de prisión, multas de hasta 500 días y destitución para quienes incurran en estas prácticas. En casos donde la falsificación derive en sentencias condenatorias contra inocentes, las sanciones podrían duplicarse.

El legislador concluyó que si el Estado de México busca cumplir con su eje de “cero corrupción” dentro del Plan de Desarrollo, estas reformas son indispensables para frenar la fabricación de delitos.

#Edomex #Justicia #CongresoEdomex #FabricaciónDeDelitos #DerechosHumanos

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Elección de la CODHEM bajo sospecha de “mano negra”; ciudadanos respaldan a Pérez Espinoza

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, México, 24 de septiembre de 2025.– La reciente definición de los tres candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha desatado críticas y denuncias de presuntas irregularidades. El Congreso mexicano seleccionó a Víctor Delgado, José Guadalupe Luna y Osiris Ramírez como finalistas, quienes dejaron el cargo un día después del segundo informe de gobierno de la gobernadora Delfina Gómez, lo que añade un contexto político delicado a las elecciones.

Organizaciones como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, liderada por Pérez Espinoza, señalaron que su exclusión refleja intereses políticos y presiones de actores ocultos. Maribel Jerónimo, miembro de este grupo, aseguró: "Como siempre, hubo mano negra en estas elecciones", señalando posibles influencias que afectaron la selección del tercer partido.

Varios ciudadanos expresaron su apoyo a Pérez Espinoza en redes sociales. Martha Soto enfatizó: "Libertad y justicia para todos los falsos culpables, no más corrupción. ¡Viva José Humberto Pérez Espinoza, la voz de miles de presos inocentes!". Margarita Más y Ángeles Linares coincidieron: "Libertad y justicia para todos los falsos culpables, para quienes se crearon expedientes falsos".

Tossi González hizo un llamado a la acción: "Ahora más que nunca debemos alzar la voz. Si él no apoya al sistema, no seremos silenciados. Mexicanos, despierten y sigan a este gran luchador social, líder por excelencia, ¡el licenciado José Humberto Pérez Espinoza!". Cristy Cortez lo describió como: "Excelente hombre honorable, honesto y transparente. ¡Gracias, licenciado Humbertus Pérez, gran luchador social!". Patricia Rodríguez Ontiveros agregó: "El Lic. Humbertus Pérez Espinoza, un gran activista y defensor de los derechos humanos, lleno de cualidades que necesitan las personas cuyos derechos son violados". Finalmente, Daniel Nolasco Ortiz expresó: "Justicia para todos los falsos culpables, excepto los corruptos".

La exclusión de Pérez Espinoza se produce en un contexto donde la CODHEM registra altos índices de denuncias por violaciones de derechos humanos, en particular relacionadas con la persecución penal, el uso excesivo de la fuerza y ​​las deficiencias en los servicios públicos. La omisión de un perfil cercano a los afectados ha provocado que grupos y ciudadanos cuestionen la transparencia del proceso y la verdadera intención del Congreso mexicano al definir a los tres.

La elección final será este miércoles, cuando el pleno vote para nombrar al nuevo presidente de la CODHEM. Mientras tanto, grupos y ciudadanos insisten en que se debe tomar en cuenta la voz de quienes defienden a los inocentes y que la "mano negra" en la elección no puede pasar desapercibida.

#CODHEM #Edomex #DerechosHumanos #ManoNegra #JusticiaParaTodos #JoséHumbertoPérez #DelfinaGómez

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Secretarías en la mira: Legislatura del Edomex pide cuentas a CAEM, ISEM y Seguridad

 

Por Redacción | Agencia MANL



Toluca, Méx., 23 de septiembre de 2025.- A dos años del inicio de la administración de Delfina Gómez, la LXII Legislatura del Estado de México alista un ejercicio de revisión detallada del gabinete estatal. Diputados de distintos grupos parlamentarios adelantaron que las dependencias con mayores cuestionamientos por omisiones y rezagos son la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría de Salud/Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y la Secretaría de Seguridad.


El argumento central es que, mientras la gobernadora ha presentado logros en programas sociales y reducción de delitos, los rezagos en áreas críticas siguen impactando a millones de mexiquenses.

Agua: cortes prolongados y protestas ciudadanas


La CAEM es señalada por la gestión de la crisis hídrica. En municipios como Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tecámac, familias pasaron hasta cinco días sin agua durante reparaciones en el macrocircuito. La respuesta fue el envío de pipas, lo que legisladores califican como medidas emergentes que no resuelven la falta de infraestructura.


“Necesitamos saber cuántos recursos se han invertido en rehabilitación y qué planes existen para garantizar suministro continuo”, declaró un legislador de oposición.

Salud: hospitales con carencias


El ISEM enfrenta críticas por el desabasto de medicamentos, largas esperas y saturación hospitalaria en zonas metropolitanas. Diputados señalaron que, pese a los anuncios de inversión en rehabilitación de hospitales, persisten quejas de pacientes que deben comprar sus medicinas por fuera.


La LXII Legislatura pedirá un informe detallado sobre contratos de compra, tiempos de entrega y distribución de insumos médicos, así como los avances en infraestructura prometida.

Seguridad: brecha entre cifras y percepción


Aunque el gobierno estatal presume una reducción de hasta 30% en delitos de alto impacto en 2025, la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo elevada. Legisladores demandan a la Secretaría de Seguridad explicar cómo se cerrará la brecha entre estadísticas y realidad social, y qué planes de proximidad comunitaria se implementarán.

Llamado a la rendición de cuentas


La Legislatura subrayó que estas comparecencias no son un trámite, sino un ejercicio para exigir claridad en el gasto público y en los resultados que afectan directamente la vida de la población.


“Los mexiquenses no pueden seguir dependiendo de pipas para bañarse, ni comprar medicamentos que el sistema de salud debe proveer gratuitamente”, señaló una diputada local.


Con estas comparecencias, se espera que el Congreso mexiquense no solo reciba informes, sino que emita recomendaciones vinculantes para garantizar derechos básicos como agua, salud y seguridad.



#Edoméx

#LXIIILegislaturaEdomex

#CAEM

#ISEM

#SecretaríaDeSeguridad
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#RendiciónDeCuentas

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CUSAEM: salarios bajos y pérdida de grados

 

Foto especial 

* Mantienen a los elementos descontentos durante un año del nuevo titular

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Toluca, Estado de México.- A un año de la llegada del nuevo titular de la Corporación Auxiliar de Seguridad del Estado de México (CUSAEM), elementos y familiares de la corporación denuncian que persisten irregularidades en sus condiciones laborales, que van desde bajos salarios hasta la pérdida de títulos profesionales, pese a la implementación de un plan de “profesionalización” al interior de la institución.

Bajo condición de anonimato, un familiar declaró a la Agencia MANL: «Mi padre era oficial A y lo degradaron a guardia B. Los demás fueron degradados a guardia C. Además, no pueden tomar vacaciones y no reciben la bonificación vacacional que les corresponde por ley».

Foto especial

La tabulación salarial proporcionada por los mismos elementos revela la magnitud de la inconformidad. Un Guardia C recibe un salario neto mensual de tan solo 8,475 pesos, mientras que un Oficial A armado recibe 10,870 pesos, una cifra considerada insuficiente incluso en comparación con las empresas privadas que exigen menos preparación académica y experiencia. Para los oficiales con título universitario, los salarios netos quincenales oscilan entre 12,370 y 12,870 pesos, cantidades que los trabajadores describen como "una miseria" en comparación con sus responsabilidades y formación.

Datos clave:

Guardia C: $8,475 netos mensuales

Oficial armado A: $10,870 netos 

Oficiales con título universitario: $12,370 – $12,870 quincenal

El plan de profesionalización presentado por la corporación detalla cursos avanzados, intermedios y básicos según el grado: los oficiales y comandantes deben cumplir con programas de supervisión, escolta, custodia y armados, además de estudios en seguridad pública o similares. Sin embargo, los elementos cuestionan que estos programas no se reflejen en mejores condiciones laborales ni en aumentos salariales justos.

Recientemente, el Secretario de Seguridad del Estado de México visitó las instalaciones del CUSAEM para inaugurar la remodelación del hospital interno de la corporación, la cual se anunció como un gran avance. Sin embargo, los trabajadores aseguran que estas acciones no tienen un impacto directo en los problemas subyacentes: bajos salarios, obstáculos para obtener vacaciones y retrasos en la regularización de títulos profesionales.

Foto especial

Quejas:

Degradación de grados (Ej: Oficial A → Guardia B)

Obstáculos para las vacaciones

Bono de vacaciones no recibido

Profesionalización que no se refleja en mejoras salariales

Ante esta situación, los quejosos han anunciado la posible organización de una protesta en el centro de Toluca, para exigir al gobierno local y estatal soluciones concretas, el cumplimiento de los derechos laborales y un avance real en la profesionalización de la corporación.

#CUSAEM #SeguridadPública #Toluca #Edoméx #DerechosLaborales #SalariosJustos #EdoMéx

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Fabricar delitos: la deuda pendiente con la justicia en el Estado de México

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, México.— El diputado local Octavio Martínez Vargas anunció ayer lunes que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México con el objetivo de tipificar un nuevo delito: la fabricación de delitos. La propuesta busca dar un giro histórico al sistema de justicia mexicano, donde actualmente, según cifras oficiales y organizaciones civiles, más de 15 mil personas inocentes permanecen privadas de su libertad en los 22 penales estatales.

La reforma contempla castigar no solo a quienes manipulen pruebas o elaboren expedientes falsos, sino también a quienes instruyan o autoricen la fabricación de delitos. Con esto, se intenta atacar una de las prácticas más notorias en la entidad: la criminalización de personas sin pruebas sólidas, a menudo como resultado de la corrupción policial, la venganza personal o las cuotas de detención impuestas a los ministerios públicos.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

El Estado de México tiene la mayor población carcelaria del país, con más de 33,000 personas privadas de su libertad, según la Secretaría de Seguridad del Estado. Diversos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado que un alto porcentaje de las detenciones presentan irregularidades en su debido proceso: detenciones arbitrarias, falta de pruebas científicas, confesiones obtenidas bajo tortura o testigos fabricados.

La cifra de 15,000 inocentes señalada reiteradamente por el legislador representa casi la mitad de la población carcelaria mexicana, lo que evidencia una crisis de justicia. Colectivos como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos han denunciado durante años que el sistema penal en la entidad se ha convertido en un mecanismo de castigo ejemplar sin pruebas suficientes, donde las víctimas son en su mayoría jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

PROPUESTA LEGISLATIVA La

iniciativa de Martínez Vargas busca garantizar que los responsables de estas prácticas —agentes ministeriales, investigadores policiales e incluso jueces— puedan ser procesados ​​penalmente por fabricación de delitos. La tipificación de esta conducta, hasta ahora ausente en el marco legal, busca desincentivar una práctica arraigada en las corporaciones de seguridad y la procuración de justicia.

«Ahora quienes estarán en prisión serán precisamente quienes fabriquen o instruyan a fabricar delitos», enfatizó el diputado, señalando que esta reforma busca restaurar la confianza en las instituciones y frenar una práctica que genera víctimas directas y profundiza la crisis penitenciaria del Estado de México.

Hace apenas unos días, el legislador enfatizó que "el reto del nuevo Poder Judicial del Estado de México es que ningún inocente esté en prisión y que haya verdadera justicia al alcance de los ciudadanos de nuestro estado", una afirmación que cobra fuerza ante la inminente discusión de su propuesta.


Expertos  en derecho penal señalan que, además de tipificar como delito la fabricación de delitos, es fundamental garantizar mecanismos efectivos de investigación interna y supervisión judicial, así como fortalecer la independencia del Poder Judicial. De lo contrario, la figura podría quedar en letra muerta o aplicarse de manera discrecional.
 

La propuesta surge en un contexto de creciente desconfianza ciudadana. Las encuestas del INEGI revelan que el 70% de los mexicanos desconfía de la policía estatal y ministerial, mientras que el 63% considera que el sistema judicial es corrupto.

De aprobarse, el Estado de México sería pionero en legislar un tipo penal específico contra la fabricación de delitos, lo que abriría un debate nacional sobre la necesidad de replicar esta figura en otras entidades.

IMÁGENES DE ARCHIVO 

El colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en su primera movilización en la reciente administración de Delfina Gómez, en la ciudad de Toluca para visibilizar su demanda de amnistía a los falsos culpables. En Octubre de 2023. 

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Exigen justicia para adulto mayor víctima de fraude y robo en Venustiano Carranza

 

Editorial | Agencia MANL 

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2025.- Familiares y ciudadanos hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y capitalinas para que intervengan en el caso de Israel Arriola Ávila, persona de la tercera edad que fue víctima de un presunto fraude y robo en un estudio fotográfico ubicado en Avenida 4, No. 389, colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.

Según la denuncia, el Sr. Israel fue engañado con una falsa promesa de empleo, lo que resultó en intimidación y violencia psicológica. Los videos de seguridad muestran a un individuo con chaqueta y gorra negras, quien se ofreció a llevar la mochila de la víctima mientras le tomaban fotografías.

Dentro de la mochila había una cantidad considerable de dinero en efectivo del fondo de jubilación del anciano, así como documentos personales importantes. El presunto responsable aprovechó un momento para marcharse con el argumento de ir al centro de salud y no regresó, llevándose sus pertenencias.

Los familiares solicitaron la intervención de Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para esclarecer los hechos, detener al responsable y garantizar justicia.

“¡No más fraudes ni abusos contra las personas mayores!”, dijeron, al tiempo que pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños.

#CDMX #VenustianoCarranza #Fraude #Seguridad #JusticiaParaIsrael

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Pleno del Congreso del Estado de México discute transitorio polémico en la Reforma Judicial

  

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, Estado de México, a 2 de septiembre de 2025.— Durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal, el diputado local Octavio Martínez Vargas llamó la atención sobre la necesidad de adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar que el artículo décimo segundo transitorio de la iniciativa de 381 artículos y 16 transitorios “no es concordante con la naturaleza de la Reforma Constitucional recientemente aprobada”.

En su discurso, Martínez Vargas recordó que la reforma establece que los 91 jueces electos rendirán protesta el próximo viernes 5 de septiembre, cumpliendo con los procedimientos establecidos desde enero de este año: la convocatoria, la Comisión de Evaluación, el expediente y el juicio político se desarrollaron conforme a los plazos constitucionales. "Lo que se discute hoy no es un asunto de última hora; ha sido un proceso que se ha seguido al pie de la letra", enfatizó.

El legislador propuso eliminar el artículo transitorio mencionado, argumentando que desvincula la ley de reforma, que garantiza que los jueces sean elegidos por voto libre y secreto de la ciudadanía y no designados por un órgano administrativo. Martínez Vargas defendió la trayectoria del magistrado Héctor Macedo, señalando que su rol al frente del Poder Judicial durante los dos primeros años será clave para garantizar una justicia accesible, profesional y cercana a la ciudadanía.

Durante su intervención, el diputado también enfatizó la importancia de que la reforma proteja a los sectores más vulnerables: personas humildes, con capacidades diferentes, de origen afromexicano o con acceso limitado a la defensa jurídica, asegurando que “nunca más en este estado habrá una persona inocente en prisión por decisiones injustas”.

Martínez Vargas concluyó haciendo un llamado a sus colegas para que el pleno considere eliminar el artículo transitorio 12, para que la ley solo tenga 15 artículos transitorios y 381 artículos, en consonancia con la naturaleza constitucional y el proceso electoral de los magistrados.

La sesión dejó claro que la discusión sobre la alineación entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Reforma Constitucional será un tema central en los próximos días, en un contexto en que 380 jueces y 28 magistrados se renovarán en la elección ordinaria prevista para junio de 2027.

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Comunidades indígenas exigen transparencia en caso de presunto desvío en el TRIJAEM

  

Por Redacción Agencia MANL

Almoloya de Juárez, Méx., 1 de septiembre de 2025. — Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito para exigir imparcialidad en el proceso judicial contra Omar Esquivel López, acusado de un presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). La defensa sostiene que el exadministrador es tratado como chivo expiatorio, mientras los responsables con facultades de autorización permanecen intocados.

DESARROLLO DEL CASO

Esquivel López fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía lo acusa de abuso de confianza por movimientos bancarios del 1 de diciembre de 2023, pese a que la defensa presentó pruebas de arraigo en Toluca y registros que lo colocan en funciones administrativas sin acceso a la autorización de dispersión de recursos.
Edomex

EL ENTRAMADO BANCARIO

Los documentos oficiales confirman que Esquivel operaba como usuario autorizado “003” del TRIJAEM, con acceso para consultas y movimientos. Tras la reclamación de transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró improcedente la queja, al confirmar que las operaciones fueron realizadas con contraseña y dispositivo e-llave del tribunal. Sin embargo, el banco reembolsó la suma completa bajo el concepto de “decisión de negocio”, abonando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional, una contradicción que alimenta la defensa sobre irregularidades en la investigación.


RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES OMITIDAS

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración, único funcionario con facultad contractual para dispersar recursos mediante el token institucional. Según registros, el 1 de diciembre de 2023 se dispersaron 32 millones a 28 cuentas, avaladas técnicamente por Delgado. No obstante, el 4 de diciembre, Becker denunció un presunto hackeo ante la Fiscalía.

A 21 meses de los hechos, ni Becker ni Delgado han sido citados a declarar, tampoco se ha requerido información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los beneficiarios de las transferencias. La defensa, respaldada por el diputado Octavio Martínez Vargas, acusa una investigación parcial y dirigida.

VOCES DE RESISTENCIA

Silvia Verónica Villela Cima, esposa del acusado y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, subrayó:

> “Mi esposo está siendo señalado sin que se investigue a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Exigimos que se respete su integridad física y el debido proceso. Esta movilización es pacífica, pero es un acto de vigilancia ciudadana frente a una Fiscalía que no ha actuado con transparencia”.


DEMANDAS DE LA DEFENSA

El equipo legal exige:

1. Garantías de integridad dentro del penal de Santiaguito.


2. Reubicación a un área de servidores públicos mientras dure el proceso.


3. Citación de todos los presuntos implicados y trazabilidad de los recursos dispersados.


4. Escalamiento a nivel federal si persiste la falta de diligencia ministerial.

OBSERVACIONES CRÍTICAS

La defensa presentó pruebas documentales y videográficas que buscan exonerar a Esquivel. No obstante, el señalamiento central apunta a la Fiscalía mexiquense, que ha omitido llamar a los verdaderos responsables administrativos, evidenciando un proceso cargado de omisiones y posibles intereses políticos.

La pregunta que queda abierta es si la justicia en el Estado de México se aplicará con imparcialidad o si este caso será recordado como un ejemplo más de persecución contra funcionarios menores mientras los altos mandos permanecen fuera del alcance de la ley.


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El silencio que protege a los 32 millones

 

El Pequeño Cronista

COLUMNA ESPECIAL 

En política los silencios dicen más que los discursos. El reciente señalamiento en el Congreso mexiquense sobre el presunto desvío de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa no solo exhibe una operación financiera cuestionable, sino también un entramado de complicidades que va desde diputados y magistrados hasta la propia Fiscalía del Estado de México.

La historia es clara: el 1º de diciembre de 2023 se dispersaron recursos millonarios desde las cuentas del tribunal. La operación no fue un “hackeo”, como intentó justificar el entonces presidente del órgano, Gerardo Béquer, sino una transferencia bancaria que requiere pasos formales y autorización directa. Todo quedó registrado: hora, cuentas destino, autorizaciones. Nada de eso ha sido investigado a fondo.

Han pasado 20 meses. No hay responsables citados a declarar. No se ha rastreado el destino del dinero. No se han abierto procesos administrativos internos. Y mientras tanto, la Fiscalía mexiquense calla, los jueces encubren, los diputados se indignan de palabra, y el gobierno estatal evita tocar el tema. El encubrimiento se ha vuelto un pacto de conveniencia.

El contraste es indignante: hay familias enteras destruidas porque alguien fue sentenciado por robar comida o unos cientos de pesos. Mientras tanto, quienes deberían garantizar justicia administran el olvido y protegen a quienes posiblemente autorizaron el saqueo de un órgano autónomo.

El plan de desarrollo estatal promete cero corrupción, pero en la práctica se protege el robo más escandaloso en años dentro del Poder Judicial mexiquense. El próximo 5 de septiembre, con la instalación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, sabremos si se repetirá la historia o si finalmente habrá un intento real de limpiar la casa.

Porque la pregunta incómoda permanece: ¿qué pesa más en este Estado, 32 millones de pesos robados con sello oficial o un ciudadano que roba para comer?

#ElPequeñoCronista #Edomex #Corrupción #Justicia #Fiscalía #Magistrados #Gobierno #Impunidad #32Millones #Columna #Opinión

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Pueblos originarios de Temascaltepec anuncian acompañamiento solidario en audiencia del líder comunitario

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Almoloya de Juárez, México.- La señora Silvia Verónica Villela Cima convocó a la ciudadanía a participar en un acto solidario el próximo lunes 1 de septiembre, a las 9:30 horas, frente a los juzgados penales de Santiaguito, donde se llevará a cabo la audiencia de su esposo, Omar Esquivel López.

En sus redes sociales, Villela Cima explicó que se trata de un acto de presencia de los pueblos originarios de Temascaltepec, en apoyo a los integrantes de sus comunidades, quienes -denunció- han sido objeto de carpetas de investigación “sembradas y plantadas” por la Fiscalía del Estado de México.

El llamado se produce después de que, el 21 de julio de 2025, autoridades ministeriales acudieran al poblado matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan para llevar a cabo, según el denunciante, actos de intimidación y extorsión. En dicho operativo, detalló, se habrían colocado paquetes de droga en la mina de la comunidad con la intención de involucrar a las autoridades comunales, en un acto que calificó de "corrupción en perjuicio de los pueblos indígenas".

Villela Cima defendió la integridad de su esposo, quien actualmente administra la Mina de San Miguel Oxtotilpan, y enfatizó que fue nombrado por su reputación de "intachable integridad moral". Advirtió que la Fiscalía podría estar vinculando a Esquivel López con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas durante los sucesos de julio, en los que participaron las comunidades de San Francisco Oxtotilpan, San Miguel Oxtotilpan, Mesón Viejo y San Mateo Almololoa.

En su mensaje, la mujer exigió el fin del uso de recursos públicos para fines privados, un sistema de justicia transparente, eficaz y confiable, y la protección de los derechos humanos e indígenas de los pueblos indígenas del Estado de México. Reiteró que la manifestación será pacífica y organizada, enfocada exclusivamente en apoyar a las autoridades comunitarias.

El caso de Omar Esquivel López incrementa las tensiones entre autoridades estatales y comunidades indígenas, en un contexto donde la defensa de los derechos comunales y la gestión de los recursos naturales sigue siendo un tema sensible en la región.

#DerechosIndígenas #Temascaltepec #JusticiaTransparente #AcompañamientoSolidario #EstadoDeMéxico #PueblosOriginarios

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Noroña: víctima y verdugo en el Congreso

  

El  Pequeño Cronista

COLUMNA ESPECIAL

En la política mexicana, hay escenas que exhiben más que mil discursos. La reciente agresión contra Gerardo Fernández Noroña en el recinto de Xicoténcatl es, sin duda, un hecho grave que debe investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. La violencia física nunca será una respuesta legítima en el debate parlamentario. Sin embargo, sería ingenuo afirmar que el presidente de la Mesa Directiva es sólo un damnificado en esta historia.

Fernández Noroña arrastra desde hace años un estilo de confrontación verbal que, aunque aplaudido por sus seguidores, ha sido gasolina sobre el fuego de la polarización política. Acusaciones de “traición a la patria”, señalamientos de que la oposición pide la intervención del ejército estadounidense, insultos y descalificaciones constantes han marcado su sello personal. Lo que para él es una estrategia de discurso combativo, para otros se traduce en una provocación permanente que erosiona la convivencia democrática.

Es cierto: los legisladores del PRI que lo golpearon deben responder ante la justicia, pero no podemos omitir la responsabilidad política de Noroña. Como presidente de la Comisión Permanente, su papel debería ser de árbitro imparcial, de garante de la legalidad y la civilidad en el Congreso. En vez de eso, ha preferido mantener la bandera del agitador, más cercano al protagonismo y la estridencia que a la conducción institucional.

La escena deja al descubierto una doble condición: Noroña es víctima de un ataque inaceptable, pero también es verdugo de la palabra pública, responsable de envenenar el debate y de dinamitar puentes que deberían tenderse entre legisladores. No basta con denunciar la violencia, también urge reconocer cómo se llegó hasta ella.

En el Congreso no hacen falta más gritos ni más golpes: hace falta política. Y la política empieza por asumir que la responsabilidad no es de unos solos, sino de todos los que convierten la tribuna en ring de boxeo y la democracia en espectáculo.

#PequeñoCronista #Noroña #CongresoEnCrisis
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Pequeño Cronista: Entre aplausos y rezagos, ¿dónde queda la justicia?

   

COLUMNA ESPECIAL 

Hoy, la gobernadora Delfina Gómez asistió a la sesión solemne del Poder Judicial del Estado de México, donde el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez presentó su informe de resultados. En su mensaje, la mandataria destacó un Poder Judicial “sólido, innovador, comprometido con la igualdad y cercano a la ciudadanía”, y extendió su reconocimiento a todas y todos los integrantes de este órgano, subrayando la importancia del trabajo colaborativo entre ambos poderes para avanzar en la transformación del Estado.

Sin embargo, más allá de los aplausos y los discursos protocolarios, surge la pregunta inevitable: ¿realmente la justicia mexiquense es cercana al pueblo como se afirma con  Fernando Díaz Juárez? Sí con Ricardo Sodi Cuellar no lo hubo. ¿Ahora sí? Miles de familias enfrentan procesos lentos, desigualdades en el acceso a la justicia y rezagos que limitan la efectividad del sistema judicial. Las palabras de la gobernadora, Delfina Gómez, aunque bien intencionadas, difícilmente pueden ocultar la distancia entre el discurso oficial y la experiencia real de los ciudadanos.

El reconocimiento a los presuntos resultados del  magistrado Díaz Juárez  es válido si se traduce en acciones concretas que garanticen justicia efectiva, imparcial y accesible. El llamado a la colaboración entre poderes, repetido con frecuencia, solo será significativo si se materializa en beneficios tangibles para la ciudadanía, especialmente para quienes históricamente han estado al margen de la justicia.

En definitiva, el “Poder de Servir” al que hace referencia Delfina Gómez no debe quedarse en un lema ni en una frase de ocasión; debe reflejarse en procesos más ágiles, mayor transparencia y resultados que los mexiquenses puedan percibir en su vida diaria. Solo así la cercanía del Poder Judicial dejará de ser un discurso y se convertirá en realidad palpable.

pequenocronista@gmail.com

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