Proponen a José Humbertus Pérez Espinoza para la CODHEM: víctima del sistema, defensor de derechos

 

Por Redacción | Agencia MANL

Toluca, Méx.- Diversos colectivos de derechos humanos respaldan la propuesta para que José Humbertus Pérez Espinoza, activista social, economista y licenciado en Derecho Penal, asuma la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). No se trata solo de una postulación; se perfila como una exigencia ciudadana por la renovación de una institución clave, desde la experiencia viva de quien fue víctima del sistema.

Pérez Espinoza es fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. y del colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), desde donde ha documentado, acompañado y litigado casos de personas encarceladas injustamente, acusadas mediante delitos fabricados. Su causa, lejos de ser reciente, tiene más de dos décadas de lucha continua.

Fue él mismo privado de su libertad de manera ilegal durante más de cuatro años en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, por denunciar el despojo masivo de viviendas y la corrupción inmobiliaria. En prisión, lejos de cesar su activismo, profundizó sus conocimientos jurídicos y se convirtió en defensor de internos injustamente procesados. A su salida, fundó nuevos movimientos de derechos humanos y fortaleció su labor de defensa con una visión transformadora, desde dentro del sistema que lo había violentado.

Su experiencia no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han recibido sus denuncias sobre la fabricación sistemática de culpables en el Estado de México, la criminalización de la protesta y el uso político del aparato de justicia.

Los colectivos que respaldan su nombramiento afirman que es momento de que la CODHEM deje de ser un organismo decorativo o reactivo, y se convierta en una instancia activa, crítica y cercana a las víctimas. Coinciden en que solo alguien que ha enfrentado en carne propia los abusos del poder puede comprender la urgencia de una defensa integral de los derechos humanos.

José Humbertus representa no solo un perfil técnico y legalmente capacitado, sino también una figura incómoda para los intereses que históricamente han mantenido en silencio a las instituciones. Su nombramiento significaría un punto de inflexión para devolver legitimidad a la CODHEM, y sobre todo, voz a quienes han sido históricamente ignorados.

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Crisis del agua en el Valle de México

 

*El problema ya está aquí

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Toluca, México - El Valle de México enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. Más del 60% del agua que consumen millones de personas proviene de fuentes externas como el sistema Cutzamala y el río Lerma, ambos en niveles críticos. La sobreexplotación de los acuíferos y la escasez de lluvia han reducido la disponibilidad de agua por habitante de 191 m³ en 2005 a menos de 140 m³ en 2025, según datos de la UNAM.

Actualmente, el Sistema Cutzamala opera al 39% de su capacidad, 44 puntos por debajo del promedio histórico, y las lluvias no han sido suficientes para revertir el déficit. A nivel nacional, más del 60% del territorio presenta algún grado de sequía, y en la Ciudad de México la situación es particularmente grave: colonias enteras pasan días sin recibir agua, y las protestas por el suministro irregular van en aumento.

La CONAGUA y los gobiernos locales implementan medidas emergentes, como la reducción de la extracción de agua de pozos (de 12.2 a 9.2 m³/s) y el monitoreo público por colonia. Además, el gobierno federal presentó el Plan Hídrico 2024-2028, que incluye mayor infraestructura, combate al acaparamiento y revisión de concesiones.

Si bien se han tomado medidas, la solución requiere no solo voluntad política, sino también participación ciudadana. Reparar fugas, reducir el consumo diario y reutilizar el agua son medidas urgentes que deben implementarse desde casa.

La crisis del agua no es algo del futuro. Ya llegó y nos afecta a todos.

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EL FRACASO DE LA 4T EN LOS GOBIERNOS ESTATALES DE MORENA. LA AGENDA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

José Humbertus Pérez Espinoza.

COLUMNA ESPECIAL 

Es claro que los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siguen rutas distintas a los gobernadores de MORENA.

Los gobiernos estatales de MORENA negociaron con los gobernadores que les dieron el poder, no tocaron a las fiscalías estatales y dejaron intactos a los grupos de jueces y magistrados que siguieron controlando el corrupto y pestilente poder judicial.

Legitimaron la falta de operadores de justicia desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia, garantizaron que no existía carrera ministerial, policial y pericial.

Además de que estos servidores públicos carecían de la certificación constitucional por no haber acreditado los exámenes de control de confianza, ratificaron con ello el incumplimiento a la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008.

Como resultado, en menos de ocho años de gobiernos morenistas, la ciudadanía está desencantada con las promesas de cambio y transformación. El desacuerdo nacional radica en que la ciudadanía percibe que los gobiernos estatales con Morena son corruptos, estrechan sus vínculos con la delincuencia y comienzan a censurar a los medios de comunicación.

Es claro que la elección del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, responde a los intereses y vínculos del exmagistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza.

La titularidad del PJEM a cargo de Sergio Javier Medina Peñaloza estuvo marcada por el desvío de millones de pesos para no capacitar a magistrados penales en el Sistema de Justicia Penal Acusativo.

Como presidente del PJEM Ricardo Sodi Cuellar desvió más de 85 millones de pesos para su promoción personal, junto al corrupto director general de administración del Consejo de la Judicatura Roberto Cervantes Martínez infló los precios en la adquisición de bienes y servicios.

La presente información es resultado del Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024, Sujeto Obligado Poder Judicial, Promotor José Humbertus Pérez Espinoza y Comisionado Ponente Guadalupe Ramírez Peña, resuelto en la Trigésima Quinta sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2024 y resuelto por unanimidad de votos.

Es importante destacar que al analizarlo (anexo 2

, página 2) está acreditado porque los cursos y capacitaciones para el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusativo (SJPA) iniciaron el 11 de febrero de 2009 y hasta el 3 de diciembre de 2019 solo estas capacitaciones fueron para jueces de control y jueces de los tribunales de enjuiciamiento.

Sólo 29 magistrados completaron un curso que comenzó el 12 de marzo de 2019 y finalizó el 21 de mayo de 2019.

El tema "Curso de Preparación para Magistrados en Materia Penal". Es decir, durante los ocho años que duró la instalación y consolidación de la SJPA, del 18 de junio de 2008 al 19 de junio de 2016, no recibieron capacitación.

 Los magistrados resuelven principalmente las apelaciones y esto da como resultado que miles de personas falsamente culpables vean confirmadas sus sentencias de primera instancia como inocentes.

Ricardo Sodi Cuellar, a sabiendas de que en los órganos jurisdiccionales los operadores de justicia no estaban capacitados, no auditó la 

administraciones de sus predecesores, de modo que 

transparentarán dónde se han aplicado los recursos para la formación de magistrados en materia penal de la SJPA (Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM pp. 82-93).

El 9 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado de México, presidido por Ricardo Sodi Cuellar, otorgó la facultad al Lic. Roberto Cervantes Martínez director general de la Administración del Poder Judicial del Estado de México, para celebrar convenios y contratos, derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza.

Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el Acuerdo citado, desautorizaron a los asesores de la Comisión de Administración del CJEM y con ello sobrevaluaron todos los contratos en materia de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios, a fin de favorecer a las empresas amigas que les entregaron cientos de millones de pesos. 

Ricardo Sodi Cuellar desplegó diversos actos de corrupción, como lo evidencian los contratos números: LP-PJ-09/2021 y LP-PJ-05/2023, para la adquisición, suministro de bienes y servicios informáticos para la instalación y adecuación para habilitar 95 Salas de Tribunales Orales.

Los acuerdos voluntarios fueron firmados por el Poder Judicial del Estado de México: Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración y por Tecnología en Telecomunicaciones SA de CV los ciudadanos Hugo Alberto Méndez Arellano y Jorge Antonio Soto Martínez, el monto total de ambos contratos fue de $160,504,547.00 (ciento sesenta millones quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/MN).

No sólo está comprobado que durante el sexenio de Ricardo Sodi Cuéllar se incrementaron los precios en construcción, adquisición de bienes y servicios, sino también que, respecto de los 95 Tribunales Orales, específicamente los de juicios orales mercantiles, no se instalaron, donde se requirieron y simularon cientos de juicios orales mercantiles para despojar a familias mexicanas de sus viviendas.

¿Romperá el magistrado Héctor Macedo García el cordón umbilical con su magistrado Ayatolá Sergio Javier Medina Peñaloza?, ¿auditará el magistrado Macedo García las dos últimas gestiones tras los resultados de la Revisión de Recursos 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM?

Lunes 23 de junio de 2025

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Detienen a la alcaldesa de Capulhuac tras denuncia por agresión y abuso de autoridad

 

Por Redacción | Agencia MANL

 

Capulhuac, Estado de México, 24 de junio de 2025. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó este martes una orden de aprehensión contra la presidenta municipal de Capulhuac, Selenne Hernández Herrera, acusada de agresión física, verbal y s3.x.v41 contra una psicóloga del DIF municipal identificada como Miriam “N”.

La detención se realizó en la Casa de Cultura de la comunidad de San Miguel Almaya, donde la edil fue sorprendida por agentes ministeriales. Durante el operativo, se reportó un intercambio de disparos entre los elementos de la Fiscalía y personal de seguridad privada que custodiaba a la funcionaria, lo que generó pánico entre vecinos de la zona.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el pasado 2 de mayo, cuando presuntamente agredió a la trabajadora del Sistema Municipal DIF, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y posteriormente en la emisión de la orden judicial en su contra.

Pese a estar sujeta a investigación, testigos y autoridades señalan que Selenne “N” seguía ejerciendo poder sobre los recursos del Ayuntamiento. La alcaldesa en funciones, Sarita Arellano, denunció públicamente que su antecesora mantuvo el control de las redes sociales oficiales del municipio para difundir actividades personales, incluso desde el lugar donde fue detenida.

La captura ha generado indignación entre habitantes de Capulhuac, quienes exigen a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que se investigue no solo a la expresidenta municipal, sino también a su hija y a otros funcionarios locales presuntamente involucrados en actos de corrupción y abuso de poder. La ciudadanía también demandó la reapertura inmediata del deportivo municipal, cerrado arbitrariamente durante la administración de Selenne Hernández, y denunció represalias hacia varias comunidades de la cabecera municipal.

La detenida fue trasladada por la Fiscalía para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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Proponen descontar sueldo a diputados que no asistan al Pleno

 

* El diputado Octavio Martínez Vargas propone que la asistencia al Congreso del Edoméx sea obligatoria: "No les pagan por estar en casa"


Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Estado de México, 12 de junio de 2025. El diputado Octavio Martínez Vargas presentará este jueves una iniciativa ante la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado de México para establecer la asistencia obligatoria de los legisladores a las sesiones del Congreso local, bajo el argumento de que el trabajo parlamentario no puede seguir desarrollándose "desde la comodidad de sus oficinas y hogares".

Previó a  su pronunciamiento, Martínez Vargas calificó de lamentable que en cada periodo de sesiones —que solo se lleva a cabo una vez por semana— asistan al Pleno entre 30 y 40 diputados, de los 75 que conforman la Legislatura. "Los demás, supuestamente conectados por Zoom, no están cumpliendo con la responsabilidad que la ciudadanía les ha encomendado", advirtió.

La propuesta incluye una medida específica: un descuento salarial para quienes no asistan presencialmente a las sesiones. "Necesitamos un Congreso que trabaje con seriedad y compromiso", dijo el legislador mexicano.

La ciudadanía reacciona: exige compromiso y rendición de cuentas .

La iniciativa generó diversas reacciones ciudadanas en redes sociales, donde algunos usuarios exigieron que el diputado revelara los nombres de quienes no asisten y que se tomaran medidas para destituir o destituir a quienes no cumplen con sus funciones.

"Tienen que votar por quien realmente trabaje para su sección", escribió un usuario. Por su parte, Estela Ruby felicitó al legislador por su labor y expresó: "Muchas bendiciones, que Jehová Dios lo guarde y lo bendiga en su camino".

Otros comentarios fueron más críticos con el Congreso. José Rogelio Velázquez señaló: "Es una verdadera vergüenza. ¿Por qué tanto privilegio para esta gente si siguen cobrando sin asistir? Es una falta de ética". En el mismo sentido, Patricia Abadía expresó: "Muy buen trabajo, licenciado Octavio. Te hacen descuento si faltas, y ni siquiera se conectan por Zoom".

Luis Román García instó a la ciudadanía a ser más consciente del voto: "Ahora la ciudadanía tiene que prestar atención a por quién votar", mientras que Angélica Cervantes Guillén fue contundente: "Es hora de que los perezosos que están en casa empiecen a trabajar. No les pagamos para que estén ociosos".

Exigimos un Congreso activo y responsable.

La propuesta de Octavio Martínez Vargas se suma al creciente clamor social por un Congreso más activo, transparente y cercano a las necesidades reales de la población. En un contexto donde los poderes ejecutivos federal y estatal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, han reiterado la importancia de la transformación institucional, esta iniciativa podría abrir el debate sobre la rendición de cuentas en el Congreso mexicano.

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Urge renovar Ley Orgánica del Poder Judicial del Edomex: Octavio Martínez Vargas

 

Por el equipo editorial/Agencia MANL 

Toluca, Estado de México.— Con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia en la entidad, el diputado local Octavio Martínez Vargas anunció que propondrá la elaboración de un nuevo marco normativo en materia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado.

Durante un reciente comunicado, el legislador informó que, si bien en el próximo periodo extraordinario de sesiones —programado para el 26 de junio— no se contempla abordar el tema de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es indispensable que dicha legislación sea aprobada antes del 1 de septiembre. Esto, con base en el próximo desahogo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

“Valdría la pena concentrarse para que, una vez que hayan asumido sus cargos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del propio Tribunal Superior, así como los 55 nuevos jueces, se cuente con una Ley Orgánica renovada que responda a la nueva realidad del Poder Judicial mexicano”, declaró Martínez Vargas.

El legislador, integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, destacó que el nuevo marco debe establecer con claridad el alcance, la organización y los mecanismos de control del Poder Judicial, a fin de avanzar hacia una justicia más eficiente y confiable para los ciudadanos.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado de México, Martínez Vargas se pronunció a favor de una reestructuración integral. Afirmó que en algunas áreas persisten prácticas de corrupción, negligencia, fabricación de delitos y una alarmante ineficacia en la ejecución de órdenes de aprehensión.

Es evidente que la Fiscalía, con su estructura actual, no ha dado resultados. Existe una administración obesa, con salarios desproporcionados y sin un cumplimiento efectivo de sus funciones. Esto debe revisarse en detalle, añadió.

El legislador anunció que ambas propuestas serán presentadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su discusión, como parte de los ajustes necesarios tras la renovación de actores clave del Poder Judicial.

Finalmente, Martínez Vargas argumentó que estas reformas contribuirán al cumplimiento del Eje número 1 del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encaminado a construir un Estado de derecho con cero corrupción, austeridad y un gobierno del pueblo y para el pueblo.

“Con estos cambios buscamos garantizar una justicia más cercana, más eficaz y verdaderamente al servicio de los mexicanos”, concluyó.

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Ricardo Sodi Cuéllar, rezagado en votos rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

 

* Hugo Aguilar Ortiz lidera y suena para presidir el máximo tribunal

* El ex magistrado tiene presunta responsabilidad en la fabricación de carpetas y desalojos de viviendas en Ecatepec y Tecámac

Por Editorial/Agencia MANL | 4 de junio de 2025

Estado de México.- Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, figura entre los candidatos para ocupar una de las vacantes como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, hasta el último corte de los cómputos de distritos judiciales —obtenidos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)—, Sodi Cuéllar se encuentra rezagado en la contienda nacional.

Según datos oficiales, Sodi Cuéllar acumuló 595.836 votos, lo que representa el 0,5151% del total escrutado. En contraste, Hugo Aguilar Ortiz lidera los cómputos con 6 millones 67.475 votos, equivalentes al 5,2565% del total nacional. Aguilar Ortiz no solo figura como uno de los candidatos mejor posicionados para integrarse como ministro, sino que también ha empezado a ser mencionado como posible presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de avanzar en el proceso de nombramiento.

Ambos candidatos forman parte de los tres evaluados mediante votación ciudadana en relación con la propuesta de reforma judicial impulsada por el Ejecutivo federal. Si bien el proceso no es estrictamente electivo en términos constitucionales, los resultados obtenidos en estas consultas son considerados por la Legislatura y el Ejecutivo como una forma de legitimidad popular.

Los porcentajes presentados corresponden exclusivamente a las actas computadas hasta la fecha. Cabe destacar que, si bien los decimales mostrados están redondeados a cuatro dígitos, al considerar todos los decimales completos, la suma total alcanza el 100%, según lo explica el Instituto Nacional Electoral (INE) en su informe técnico.

Esta etapa se enmarca en el inédito ejercicio de consulta judicial distrital, en el que la ciudadanía participó de manera simbólica para manifestar su apoyo a los perfiles propuestos para integrar el máximo órgano de justicia del país.

Ricardo Sodi Cuéllar, quien fue titular del Poder Judicial del Estado de México entre 2020 y 2024, ha sido una figura reconocida en el ámbito jurídico,  mexiquense presuntamente por su impulso a la justicia digital y su postura conservadora respecto a temas de autonomía judicial.  No obstante, los números hasta ahora no lo favorecen. Asimismo, ha sido señalado como responsable de la fabricación de carpetas de cientos de falsos culpables y principal promotor de desalojos en municipios como Tecámac y Ecatepec. 

Los resultados definitivos se darán a conocer tras el cierre completo del cómputo distrital, aunque el proceso de designación final recae en el Senado de la República, quien evaluará la idoneidad de los perfiles propuestos por el Ejecutivo federal. Y hasta ahora los números no le dan ninguna posibilidad a Sodi Cuellar. 

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