Agencia MANL
Toluca, Méx.- A fin de penalizar la revelación o difusión indebida de imágenes, o información de víctimas, y establece agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres y cuando sea cometido por servidores públicos, la diputada Liliana Gollas Trejo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal.
Hace unos días en tribuna, la legisladora recordó el caso de la joven Ingrid Escamilla, registrado en la Ciudad de México, quien fue asesinada y desollada por su pareja, y cuyas fotos fueron filtradas en redes sociales, y publicadas en medios de comunicación, afectando su dignidad como víctima y la de su familia.
Por ello, la iniciativa establece un tipo penal autónomo que establezca previsión de sanciones para las personas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
“La iniciativa busca instituir agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituye una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito”, apuntó la legisladora.
Liliana Gollas consideró que estas reformas buscan fortalecer la protección legal a los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.
La propuesta sanciona a quien indebidamente difunda, entregue, publique o transmita, videograbe, fotografie, filme o comercialice, imágenes, audios, videos o documentos del lugar de hechos o hallazgo, indicios, evidencias relacionados con un delito, y se impondrán de 3 a 6 años de prisión y multa de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Y si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.
Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas aumentarán hasta en una mitad.
Las penalidades se agravarán si el delito es cometido por servidores públicos de Instituciones de Seguridad Pública u Órganos Jurisdiccionales del Estado de México, y se aumentará la pena hasta una mitad más de la que corresponda. Además, se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de 5 a 15 años.
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