* Gobernantes y diputados "cómplices" de distintas legislaturas
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Agencia MANL
Toluca, Méx.- Mantener los penales mexiquenses como están saturados con violaciones a los derechos humanos, reclusión de falsos culpables y evitar la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) es para sostener el negocio ilícito al interior de los ceresos que producen millones de pesos mensualmente y seguir desviando recursos con el pretexto de brindar la readaptación necesario de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) con la complicidad de gobernantes y legislaturas en turno,
Lo anterior fue expuesto en la sesión de trabajo de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la LXI Legislatura en la que participaron José Humbertus Pérez Espinoza, Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, Beda Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, y María Guadalupe Hernández Rojas, Presidenta de Acción y Vigilancia de PIDH.
La intromisión de los legisladores de diversas Comisiones principalmente del Presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito (CST) de LXI Legislatura y del Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en LXI Legislatura, para obstaculizar las facultades exclusivas que tiene la Comisión Especial del Sistema Penitenciario (CESP).
Es importante señalar que el pasado 23 de febrero de 2022 los diputados: Silvia Maldonado (PT), Nazario Gutiérrez (Morena), Fernando González, Iván de Jesús Cruz (PRI), Braulio Jasso (PRI), así como Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar (PAN), violaron las facultades que les otorgó el Pleno de LXI Legislatura en la creación de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario del Estado de México.
El litigante recordó que la visita de los diputados de las diversas fracciones parlamentarias de la LXI Legislatura al Penal de Chiconautla, principalmente del presidente del (CST), diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, tuvo dos objetivos perversos, primero eclipsar el foro: Urge Modelo Penitenciario que Respete los Derechos Humanos de las PPLS en los Penales del Estado de México, (convocado por el diputado Ariel Juárez Rodríguez); y segundo tapar las graves violaciones a los derechos humanos que viven nuestros internos como: tortura, tratos crueles e inhumanos, asesinatos, extorsiones, falta de atención médica, mal funcionamiento del Plan de Actividades, corrupción en las vistas y la cantidad de cientos de millones de pesos que de manera ilícita se obtienen mensualmente de la corrupción en los penales del Estado de México.
Toma relevancia que los diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez presidente de la (CST) y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, fueron a obstaculizar las denuncias de familiares de los PPLS de diversos penales, por la graves violaciones a los derechos humanos y que los responsables directos de los homicidios, torturas y extorsiones en los penales mexiquense son el Subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel y Jaime Echartea Mojica, Director de los Penales en el Estado de México.
PIDH. A.C., se pronuncia para que se respete la autonomía y las facultades exclusivas que tiene la CESP para desarrollar los trabajos en la materia, que en el caso que nos ocupa son de investigar si se respetan los derechos humanos de las personas que están en condiciones de prisión, así como si se cumple con el Plan de Actividades-
Cuestionó sobre ¿porqué no les han dado los beneficios de la libertad al 45% de la población de los penales del Estado de México, que ya tienen beneficios y que representan las libertades de aproximadamente 14,850 personas? que deberán de salir libremente de manera inmediata, y citó lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del lunes pasado refiriéndose a vaciar a los penales comenzado por el Estado de México).
No pueden oponerse a las visitas libres de los diputados integrantes de la CESP, que son un organismo autónomo y máxime que ejercen las facultades constitucionales de control presupuestal, que se deberán de aplicar en los penales; en este punto PIDH, A.C. tiene la autoridad moral de cuestionar al Legislador Alfonso Adrián Juárez Jiménez pro-presidente y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LVIII Legislatura (2013-2015).
"¿Porque no etiquetaron, vigilaron y supervisaron los recursos del FASP?, cuestionó Pérez Espinoza, en el periodo de Eruviel Ávila Villegasen, en el que también Enrique Vargas del Villar, se desempeñó como presidente de la bancada del PAN, así como el resto de los diputados que avalaron "el desvió de estos recursos para las campañas electorales, esto no es una difamación forma parte de una carpeta de investigación que integra la FGR, para investigar qué hicieron con los recursos del FASP durante los años 2009-2022 y que son responsables las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas del Estado de México".
Durante ese periodo de gobierno y legislativo, explicó, fueron desviados miles de millones de pesos de los fondos federales con la aprobación de los diputados del PRI y del PAN de las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas, destacado los desvíos del FASP que llevó al fracaso de la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
Por citar del FASP se han aprobado del 2009 al 2022 y desviado la cantidad de $7 mil 779 millones 516 mil pesos, de los cuales $2 mil 157 millones 533 mil pesos se destinaron al Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM), y al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ)-Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) se le destinaron $3 mil 581 millones 385 mil pesos.
Los presidentes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC), de Procuración y Administración de Justicia (CPAJ) y de Seguridad y Tránsito (CST), de las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas "nos deberían de informar antes de oponerse a las visitas libres a los penales en donde están y en donde se aplicaron los recursos del FASP por la cantidad de $7 mil 779 millones 516 mil pesos, porque es facultad de control constitucional que tiene sobre el presupuesto".
PDIH pidió a los diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez presidente de la (CST) y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, que dejen de sabotear y de trabajar a favor de los intereses de las autoridades del sistema penitenciario del Estado de México, para esto se creó la CESP, y ambos diputados y sus intereses que siempre se han apoderado de esta comisiones poderosas y claves para tener un SJPA exitoso.
"Que nos digan en dónde está las caja chica de las otras partidas en miles de millones de pesos que están ocultas y que tienen que ver con penales, que es Fideicomiso Público para la Construcción de Centros de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México, mejor conocido en el bajo mundo de las autoridades penitencias Fideicomiso “FC-3“ que desde los Presupuesto de Egresos del Estado de México 2012-2022 la cantidad de $1 mil 751 millones 118 mil 137 pesos", señaló José Humbertus Pérez.
El Fideicomiso “FC-3” se constituyó en el 2012 paralelamente al IMSJ para que el personal de custodia estudiara la carrera policial penitenciaria, así como también el personal académico, médico, de trabajo social y del deporte pudiera estudiar los nuevos perfiles de la ejecución de penas del SJPA y aplicar el Plan de Actividades para la Reinserción, aprobar sus servicios de carrera en el IMSJ y contar con la Certificación Constitucional del Centro de Control de Confianza.
El Fideicomiso “FC-3”, se diseñó y constituyó para la construcción de penales acorde al cumplimiento de la ejecución de las penas, los Centros Penitenciarios se debieron de construir con estos recursos públicos y no privados como hoy quieren hacerlo, primero que nos digan en donde están esos miles de millones de pesos.
Con los fondos públicos del Fideicomiso “FC-3” los diputados tienen la obligación de etiquetar, vigilar y supervisar estos recursos, toda vez, que los mismos se destinaron para construir penales que: contarían con ciudades judiciales, salas modernas para juicios orales, salas especiales para llevar juicios de control, salas para los Tribunales de Enjuiciamiento, Salas para la Apelación, Salas para solicitar órdenes de aprehensión para casos en flagrancia o casos urgentes para evitar la saturación de audiencias por la sobrepoblación.
Puntualizó que los penales deberían de contar con industria penitenciaria y las plataformas educativas para estudiar a distancia los grados académicos en que se quedaron las y los PPLS antes de llegar a prisión, contar con servicios y salas médicas, con personal médico de enfermería suficiente, contar con cocinas modernas para dar alimentos nutritivos y suficientes.
Los penales construidos con el Fideicomiso “FC-3”, no contarían con una gran población, serían poco poblados, en virtud de que la mayoría de las personas llevarían sus procesos penales en libertad e incluso en la ejecución de penas, como el robo que tiene el 75% de la población en situación de cárcel y que son los casos que provocan mayor sobrepoblación, solo estarían en prisión aquellas personas que sí presentan un peligro y riesgo para la sociedad y para las víctimas.
De esto deberían de estar pendientes los diputados y presidentes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC), de Procuración y Administración de Justicia (CPAJ), de Seguridad y Tránsito (CST); y dejar de obstruir las visitas libres a los penales por los diputados de la CESP.
Por último, los integrantes de PIDH cuestionaron a los diputados sobre el destino de los recursos del Fideicomiso F-C3 para nuevos Centros Penitenciarios, pues sólo se hicieron ampliaciones, de tal forma que pidieron a los legisladores les informen al respecto como es su responsabilidad constitucional y legislativa de revisar los presupuestos que se asignan.
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