El Pequeño Cronista
COLUMNA
Esta semana, José Humbertus Pérez Espinoza compareció ante el Congreso mexiquense como aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. No llegó improvisado. Sabía que más allá de presentar un plan sólido, tendría que defenderse.
Durante la entrevista legislativa, fue cuestionado por una carpeta de investigación abierta en su contra. Respondió con firmeza: no fue notificado, ya promovió un amparo y la embajada de Estados Unidos, tras investigar su historial, le otorgó visa sin objeción.
El problema no es nuevo: en México, una denuncia puede ser utilizada como arma política. Y aunque no haya pruebas, proceso ni resolución judicial, la sola existencia de una carpeta basta para arrasar en redes sociales. Así, lo que debiera ser un análisis institucional se convierte en linchamiento digital.
Mientras tanto, su propuesta se mantiene sin desmentido: transformar de fondo la CODHEM, romper su subordinación al Ejecutivo, revisar las carpetas de investigación, atender casos de fabricación de delitos y abrir la institución a víctimas, colectivos, comunidad LGBTIQ+, mujeres y niños. Y eso, para algunos, duele más que cualquier denuncia.
Antes de retirarse, entregó a la presidenta de la comisión un folder amarillo con documentación que respalda sus dichos como ex prisionero de conciencia.
Este cronista no absuelve ni condena. Solo observa. Y lo que vio en esa sala legislativa fue un intento por reventar a un aspirante antes de que llegue. Fue también un discurso sólido, incómodo, frontal. Un aspirante que no pretende usar la CODHEM para lucirse en actos protocolarios, sino para hurgar en la cloaca del poder judicial, y eso, claro está, tiene costo.
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Esta semana, José Humbertus Pérez Espinoza compareció ante el Congreso mexiquense como aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. No llegó improvisado. Sabía que más allá de presentar un plan sólido, tendría que defenderse.
Durante la entrevista legislativa, fue cuestionado por una carpeta de investigación abierta en su contra. Respondió con firmeza: no fue notificado, ya promovió un amparo y la embajada de Estados Unidos, tras investigar su historial, le otorgó visa sin objeción.
El problema no es nuevo: en México, una denuncia puede ser utilizada como arma política. Y aunque no haya pruebas, proceso ni resolución judicial, la sola existencia de una carpeta basta para arrasar en redes sociales. Así, lo que debiera ser un análisis institucional se convierte en linchamiento digital.
Mientras tanto, su propuesta se mantiene sin desmentido: transformar de fondo la CODHEM, romper su subordinación al Ejecutivo, revisar las carpetas de investigación, atender casos de fabricación de delitos y abrir la institución a víctimas, colectivos, comunidad LGBTIQ+, mujeres y niños. Y eso, para algunos, duele más que cualquier denuncia.
Antes de retirarse, entregó a la presidenta de la comisión un folder amarillo con documentación que respalda sus dichos como ex prisionero de conciencia.
Este cronista no absuelve ni condena. Solo observa. Y lo que vio en esa sala legislativa fue un intento por reventar a un aspirante antes de que llegue. Fue también un discurso sólido, incómodo, frontal. Un aspirante que no pretende usar la CODHEM para lucirse en actos protocolarios, sino para hurgar en la cloaca del poder judicial, y eso, claro está, tiene costo.
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