Por Redacción Agencia MANL
Almoloya de Juárez, Méx., 1 de septiembre de 2025. — Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito para exigir imparcialidad en el proceso judicial contra Omar Esquivel López, acusado de un presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). La defensa sostiene que el exadministrador es tratado como chivo expiatorio, mientras los responsables con facultades de autorización permanecen intocados.
DESARROLLO DEL CASO
Esquivel López fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía lo acusa de abuso de confianza por movimientos bancarios del 1 de diciembre de 2023, pese a que la defensa presentó pruebas de arraigo en Toluca y registros que lo colocan en funciones administrativas sin acceso a la autorización de dispersión de recursos.
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EL ENTRAMADO BANCARIO
Los documentos oficiales confirman que Esquivel operaba como usuario autorizado “003” del TRIJAEM, con acceso para consultas y movimientos. Tras la reclamación de transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró improcedente la queja, al confirmar que las operaciones fueron realizadas con contraseña y dispositivo e-llave del tribunal. Sin embargo, el banco reembolsó la suma completa bajo el concepto de “decisión de negocio”, abonando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional, una contradicción que alimenta la defensa sobre irregularidades en la investigación.
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES OMITIDAS
El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración, único funcionario con facultad contractual para dispersar recursos mediante el token institucional. Según registros, el 1 de diciembre de 2023 se dispersaron 32 millones a 28 cuentas, avaladas técnicamente por Delgado. No obstante, el 4 de diciembre, Becker denunció un presunto hackeo ante la Fiscalía.
A 21 meses de los hechos, ni Becker ni Delgado han sido citados a declarar, tampoco se ha requerido información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los beneficiarios de las transferencias. La defensa, respaldada por el diputado Octavio Martínez Vargas, acusa una investigación parcial y dirigida.
VOCES DE RESISTENCIA
Silvia Verónica Villela Cima, esposa del acusado y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, subrayó:
> “Mi esposo está siendo señalado sin que se investigue a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Exigimos que se respete su integridad física y el debido proceso. Esta movilización es pacífica, pero es un acto de vigilancia ciudadana frente a una Fiscalía que no ha actuado con transparencia”.
DEMANDAS DE LA DEFENSA
El equipo legal exige:
1. Garantías de integridad dentro del penal de Santiaguito.
2. Reubicación a un área de servidores públicos mientras dure el proceso.
3. Citación de todos los presuntos implicados y trazabilidad de los recursos dispersados.
4. Escalamiento a nivel federal si persiste la falta de diligencia ministerial.
La defensa presentó pruebas documentales y videográficas que buscan exonerar a Esquivel. No obstante, el señalamiento central apunta a la Fiscalía mexiquense, que ha omitido llamar a los verdaderos responsables administrativos, evidenciando un proceso cargado de omisiones y posibles intereses políticos.
La pregunta que queda abierta es si la justicia en el Estado de México se aplicará con imparcialidad o si este caso será recordado como un ejemplo más de persecución contra funcionarios menores mientras los altos mandos permanecen fuera del alcance de la ley.
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