Toluca, Méx.- El Organismo defensor de los derechos humanos en el Estado de México, solicitó evaluar en el procedimiento de Control de Confianza a varios mandos y elementos del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Centro.
Esto luego de que una investigación del Organismo reveló violaciones a los derechos humanos de un interno, a quien
el 19 de noviembre de 2010 culparon de apoderarse de un teléfono celular perdido; y en la búsqueda de este aparato
Jaime Salas Serratos, director del Centro Preventivo y de Readaptación Social Otumba Centro, ordenó al jefe de vigilancia Leandro Castro Martínez y al jefe de turno Víctor Flores Rodríguez, remitieran a un reo al Área Médica del penal, donde el tercer servidor público mencionado, solicitó al médico Miguel Ángel Hernández Betanzos, le practicaran un examen proctológico injustificado y luego lo encerraron en un área del penal donde lo golpearon y fue abusado.
Además de lo anterior, el interno habría sido víctima de extorsión y en diversas ocasiones fue ingresado en un área conocida como “perrera”, la cual no es adecuada para el ingreso de personas, atentando contra su dignidad; durante meses lo trataron de disuadir y le pusieron obstáculos para que no pudiera denunciar los hechos y se desistiera de la queja que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), lo cual no sucedió y en contraparte derivó en la Recomendación 05/2012 del Organismo.
La CODHEM , informó que dicha Recomendación se dirigió a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, al encontrar que fueron vulnerados los derechos del interno a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la dignidad y acceso a la justicia.
Al acreditar las mencionadas violaciones a los derechos fundamentales, la CODHEM recomendó que sin menoscabo de sus derechos laborales, se ordene por escrito someter a los procedimientos de control de confianza a los servidores públicos: Jaime Salas Serratos, Leandro Castro Martínez, Víctor Flores Rodríguez, Ángel Pérez Tinoco, Andrés Isabel Sánchez Fragoso y Miguel Ángel Hernández Betanzos, con la finalidad de obtener resultados objetivos que permitan valorar su permanencia en el servicio penitenciario.
Según consta en la queja CODHEM/NEZA/533/2010, el interno, quien purga una condena por robo, habría sido extorsionado por personal del propio centro preventivo e incluso, el afectado aportó un número de cuenta a nombre del custodio Andrés Isabel Sánchez Fragoso e hizo llegar a este Organismo una ficha de depósito en la que aparece el nombre del mencionado servidor público, todo lo cual está siendo investigado por el Ministerio Público adscrito a la Unidad Uno de la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos cometidos por Corporaciones Policiales en Nezahualcóyotl.
Además de lo anterior, el interno habría sido víctima de extorsión y en diversas ocasiones fue ingresado en un área conocida como “perrera”, la cual no es adecuada para el ingreso de personas, atentando contra su dignidad; durante meses lo trataron de disuadir y le pusieron obstáculos para que no pudiera denunciar los hechos y se desistiera de la queja que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), lo cual no sucedió y en contraparte derivó en la Recomendación 05/2012 del Organismo.
La CODHEM , informó que dicha Recomendación se dirigió a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la entidad, al encontrar que fueron vulnerados los derechos del interno a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la dignidad y acceso a la justicia.
Al acreditar las mencionadas violaciones a los derechos fundamentales, la CODHEM recomendó que sin menoscabo de sus derechos laborales, se ordene por escrito someter a los procedimientos de control de confianza a los servidores públicos: Jaime Salas Serratos, Leandro Castro Martínez, Víctor Flores Rodríguez, Ángel Pérez Tinoco, Andrés Isabel Sánchez Fragoso y Miguel Ángel Hernández Betanzos, con la finalidad de obtener resultados objetivos que permitan valorar su permanencia en el servicio penitenciario.
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