Toluca, Méx.- A una semana de que el gobernador Eruviel Ávila Villegas, puso en marcha el Programa Toxicológico y Medición de Alcohol en Operadores de Transporte Público del Estado de México, han sido consignados al Ministerio Público ocho choferes por conducir bajo los efectos de alcohol y, en dos de los casos, por cocaína, mientras que los vehículos que conducían se remitieron al corralón, con una multa de entre 250 y 300 salarios mínimos y la cancelación de su licencia de conducir.
Así lo informó el secretario de Transporte, Jaime Barrera Velázquez, quien dio a conocer que personal de esa secretaría, así como de la de Seguridad Ciudadana (SSC), han aplicado 195 exámenes en los operativos.
Refirió que de esta forma se han evitado ocho accidentes que potencialmente se hubieran generado a causa del estado inconveniente de los choferes, al recordar que dicha situación ha provocado 60 percances durante el primer semestre en la entidad.
Este programa se inició el pasado 9 de agosto en el Centro de Transferencia Multimodal (Cetram), de Tlalnepantla, y desde esa fecha se ha efectuado en los municipios de Toluca, Tultitlán y Ecatepec, en forma aleatoria, indicó.
El objetivo de esta medida, detalló el funcionario estatal, es salvaguardar la integridad de los usuarios de este tipo de servicio y disminuir accidentes vehiculares, ya que el programa se encarga de vigilar que los choferes del transporte público de pasajeros no trabajen bajo el influjo de drogas o alcohol.
El secretario del transporte señaló que de los 195 conductores examinados, 149 fueron de transporte colectivo y 46 de taxis.
En su primera etapa, el programa requirió una inversión de 2.5 millones de pesos y cuenta con dos unidades móviles que se ubican de manera sorpresiva en diferentes puntos de concentración de transporte público en la entidad, como paraderos y bahías de ascenso y descenso.
Advirtió que los conductores que no pasen la prueba serán puestos a disposición del Ministerio Público, les será retirada la licencia de chofer, el vehículo se pondrá a resguardo del Instituto del Transporte, al concesionario se le aplicará una sanción equivalente a 200 y hasta 300 días de salario mínimo y el Instituto del Transporte analizará el permiso de la concesión.
Además, los operadores que den positivo serán canalizados a instituciones de rehabilitación, como los Centros de Atención Primaria contra las Adicciones.
Los usuarios que detecten este tipo de anomalías en los conductores, podrán denunciarlas al teléfono (0155) 53668200, extensión 1129, aportando el número económico de la unidad, número de la ruta y nombre de la empresa.
Así lo informó el secretario de Transporte, Jaime Barrera Velázquez, quien dio a conocer que personal de esa secretaría, así como de la de Seguridad Ciudadana (SSC), han aplicado 195 exámenes en los operativos.
Refirió que de esta forma se han evitado ocho accidentes que potencialmente se hubieran generado a causa del estado inconveniente de los choferes, al recordar que dicha situación ha provocado 60 percances durante el primer semestre en la entidad.
Este programa se inició el pasado 9 de agosto en el Centro de Transferencia Multimodal (Cetram), de Tlalnepantla, y desde esa fecha se ha efectuado en los municipios de Toluca, Tultitlán y Ecatepec, en forma aleatoria, indicó.
El objetivo de esta medida, detalló el funcionario estatal, es salvaguardar la integridad de los usuarios de este tipo de servicio y disminuir accidentes vehiculares, ya que el programa se encarga de vigilar que los choferes del transporte público de pasajeros no trabajen bajo el influjo de drogas o alcohol.
El secretario del transporte señaló que de los 195 conductores examinados, 149 fueron de transporte colectivo y 46 de taxis.
En su primera etapa, el programa requirió una inversión de 2.5 millones de pesos y cuenta con dos unidades móviles que se ubican de manera sorpresiva en diferentes puntos de concentración de transporte público en la entidad, como paraderos y bahías de ascenso y descenso.
Advirtió que los conductores que no pasen la prueba serán puestos a disposición del Ministerio Público, les será retirada la licencia de chofer, el vehículo se pondrá a resguardo del Instituto del Transporte, al concesionario se le aplicará una sanción equivalente a 200 y hasta 300 días de salario mínimo y el Instituto del Transporte analizará el permiso de la concesión.
Además, los operadores que den positivo serán canalizados a instituciones de rehabilitación, como los Centros de Atención Primaria contra las Adicciones.
Los usuarios que detecten este tipo de anomalías en los conductores, podrán denunciarlas al teléfono (0155) 53668200, extensión 1129, aportando el número económico de la unidad, número de la ruta y nombre de la empresa.
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