Agencia MANL
Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados local para modificar disposiciones del Código Penal y del Código para la Biodiversidad del Estado de México, y establecer sanciones de 2 a 8 años de prisión y multas de 30 a 150 días de salario mínimo para quienes prestan el servicio de guarda, custodia, reparación o depósito de vehículos, sin acatar las medidas de la autoridad ambiental en el Estado de México, con lo que se evitará la contaminación del suelo, disminución de focos de infección y de lugares para comercializar autopartes robadas.
“Estamos presentando una iniciativa, la cual tuvo la opinión del Tribunal Superior de Justicia, que pretende modificar diferentes disposiciones del Código Penal del Estado de México y del Código para la Biodiversidad del Estado de México. El objetivo es adicionar, a efecto de que pueda prestarse el servicio de guarda, custodia, reparación o depósito de vehículos, así como su comercio, pero que deban contar antes con la aprobación de la autoridad ambiental estatal”, indicó.
El titular del Ejecutivo estatal explicó que la iniciativa presentada busca, además de las sanciones referidas, que se persiga de oficio a aquellos negocios de guarda custodia, reparación, depósito o comercio de vehículos -exceptuando a los estacionamientos públicos-, que sin contar con la autorización de impacto y riesgo ambiental, presten este tipo de servicio, pues dicha actividad puede poner en peligro la salud, debido a las concentraciones de metales pesados, como plomo, mercurio o manganeso que se generan, además de que los escurrimientos de aceite afectan a los mantos freáticos.
En conferencia de prensa, luego de sostener un encuentro con periodistas en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, Eruviel Ávila señaló que con esta iniciativa se cumple uno de los acuerdos logrados la semana pasada en la IV Reunión Regional de Seguridad de la Zona Centro, y abundó que la propuesta permitirá reducir los agentes contaminantes que se producen en estos lugares y que afectan a los mantos acuíferos; provocan daños a la salud pública al convertirse en focos de infección y se convierten en sitios propicios para la inseguridad con la comercialización de autopartes robadas.
Por ello, hizo un llamado a los propietarios de este tipo de establecimientos a acercarse a la autoridad ecológica para ponerse en orden y cumplir con la normatividad.
“Estoy cierto que, una vez presentada, tengo fe que pueda ser aprobada, y en su momento ejecutada, a afecto de poner en orden a estos llamados deshuesaderos, depósitos de vehículos, entre otros. Esta iniciativa, le ofrecí a los señores gobernadores de la Zona Centro, que se las haría llegar y compartir, para que con ese ánimo de colaboración y de intercambio de información que tenemos, espero sea de utilidad, en el caso del Estado de México, tenemos fe, tenemos confianza, que si va a surtir efectos”, dijo.
Eruviel Ávila aseveró que, como parte de los acuerdos logrados en la última Reunión Regional de Seguridad de la Zona Centro, su administración pondrá a disposición de las entidades participantes, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia de la entidad y cinco planteles, cuatro pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y uno a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para que se capacite a los cuerpos policiacos municipales, regionales y estatales, y se afinen e intercambien planes de estudio y plantillas académicas en esta materia.
Además, anunció que el procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto; la consejera jurídica, Luz María Zarza Delgado, y el presidente Tribunal Superior de Justicia del estado, Baruch Delgado Carbajal, participarán en la conformación de un grupo de trabajo regional, para unificar penalmente, los delitos como el robo de vehículos y a casa habitación, así como extorsión o chantaje, para que sean castigados de forma equivalente y con un tratamiento adecuado en la región, mientras que, se aprueba el Código Penal Único.
Asimismo, se realizarán notificaciones a las 440 casas de empeño instaladas en la entidad, para recordar la normatividad de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y así evitar que sean sancionadas por participar en posibles actos ilícitos.
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