Agencia MANL
Toluca, Méx.- Con el fin establecer el principio de igualdad para que mujeres y hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones semejantes, y que en ningún caso las prácticas comunitarias limiten sus derechos político-electorales en la elección de autoridades municipales, el diputado Raymundo Garza Vilchis presentó iniciativa para armonizar la Constitución local con la federal.
En Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el legislador panista manifestó que el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, por lo que en atención a ello y al régimen democrático del Estado, éste se encuentra obligado a promover y regular los derechos que les son fundamentales, así como adoptar las instituciones que los respeten y protejan.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Raymundo Garza Vilchis indicó que los sistemas normativos de las comunidades indígenas, basados en sus usos y costumbres, son fundamentales para reforzar su cohesión, así como promover el respeto y la conservación de su cultura.
Al exponer la iniciativa, añadió que aún existen prácticas que limitan el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, situación que se relaciona con temas culturales de cada pueblo o comunidad, “es decir, que desde una cosmovisión colectiva indígena, el ejercicio político de la mujer tiene otras funciones o se practica de manera distinta”.
Desde la tribuna legislativa, el diputado albiazul resaltó que esta visión excluyente motivó la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015, con el propósito de erradicar las prácticas discriminatorias que permean en los pueblos y comunidades indígenas, e impulsar la igualdad interna y externa en el ejercicio de los derechos político-electorales de sus miembros, y establece que el sistema de usos y costumbres no podrá ser contrario a los derechos humanos.
Finalmente, indicó que las Legislaturas locales están obligadas a realizar las adecuaciones a sus Constituciones en un plazo no mayor a 180 días, para armonizar su texto con la recién aprobada reforma.
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