Agencia MANL
Toluca, Méx.- Durante el segundo año de trabajo de la “LIX” Legislatura mexiquense, la diputada Araceli Casasola Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno del Primer Periodo Ordinario de Sesiones su iniciativa que tiene por objeto la creación de mecanismos que sirvan para que el Estado cumpla con su obligación de reparar afectaciones a los derechos humanos, siempre y cuando exista una resolución de la autoridad competente.
Con su iniciativa, Araceli Casasola Salazar propone se expida la Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, planteando diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; declarado que ante la existencia de la violación a un derecho por alguna autoridad competente, sea necesario establecer consecuencias jurídicas que deba asumir el Estado para la reparación de la vulneración a la esfera jurídica de las personas.
“Resulta pertinente, considerar un proceso de reparación, no como una acción individual e inherente a la persona, sino como un proceso de interés público, garantizando que aún ante la ausencia de la parte lesionada, como puede ser su fallecimiento, se garantice la culminación del proceso resarcitorio con la finalidad de atender el fondo de la violación, pues la misma, podría tener su origen en la inadecuada instrumentación de políticas públicas, o bien en una legislación deficiente”, detalló.
En otro momento, la diputada ratificó que la propuesta, no únicamente se encuentra diseñada para la reparación de la vulneración de los derechos humanos de las personas en lo individual, añadiendo que en muchas de las ocasiones, la violación sucede en un grupo determinado de personas, que bien pueden estar asentados en un lugar determinado, por lo que para este tipo de situaciones; Araceli Casasola consideró idóneo proponer la forma de reparación a la reconstrucción psico-social, puntualizando en que son formas de lograr cierto desarrollo que fue impedido por la vulneración de los derechos humanos de un grupo determinado, y que puede consistir en apoyos para el desarrollo, restitución de tierras ancestrales, inversiones para el beneficio social, entre otras.
“A través de la presente iniciativa, se pretende que sea precisamente el Poder Judicial de nuestro Estado, el que supervise el cumplimiento del pacto social y los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos. De esta manera, nuestra entidad, pasaría a la vanguardia en la protección de los derechos básicos, pues se pretende con esta propuesta, la creación de una Sala especializada en Derechos Humanos la cual podrá obligar al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando la autoridad responsable las acepte y posteriormente no haga nada para su cumplimiento”, puntualizó.
Por lo anterior, con la iniciativa de la diputada perredista se propone la reforma de los artículos 13 con la finalidad de que los servidores públicos del Poder Judicial de nuestra entidad, también sean susceptibles de recomendaciones por actos u omisiones que se encuentren fuera del proceso judicial o bien por situaciones del ámbito administrativo, de la misma forma la reforma al artículo 101 de la Ley en comento, por la que se establecen las bases mínimas para contemplar la reparación del daño por parte de las autoridades susceptibles de ser recomendadas, con la finalidad de otorgar criterios mínimos para la reparación de las vulneraciones de los derechos humanos que puedan cometerse por parte de los agentes del Estado de nuestra entidad federativa.
Para finalizar, tras la presentación a pleno de la iniciativa, se remitió a la reunión de las Comisiones Unidas Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, para su discusión y análisis.
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