PPL no deben ser sujetos de extorsión al tener que pagar o cubrir cuotas por su permanencia y los cobros a los familiares

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Agencia MANL

Toluca, Méx.- El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez propone reformar el Código Penal del Estado de México, para adicionar el Delito por Autoridad Penitenciaria, esto a fin de garantizar la integridad física de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y el respeto a sus derechos humanos, ante el grito de auxilio de familiares, así como eliminar los denunciados abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan.

Es por muchos sabido y conocido, denunció el diputado local de Morena que, al interior de los centros penitenciarios, reinan los abusos de parte de las autoridades o servidores públicos, sometiendo a castigos inhumanos a las PPL, permitiendo que estos sean golpeados por otras y en muchos casos el autogobierno al interior, solapado por los directores de los centros, en conocimiento del Secretario de Seguridad y hasta del Gobernador del Estado.

En el pleno el legislador, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al Capítulo II Ter, el Delito por Autoridad Penitenciaria, al Subtítulo Primero, Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, del Título Tercero, Delitos contra las personas, Libro Segundo del Código Penal del Estado de México, a fin de que las condiciones de internamiento garanticen una vida digna y segura para todas las PPL y que lleven un castigo y se sancionen las malas conductas de los servidores públicos que laboran en los penales, hasta con cárcel.

“Debemos recordar que las personas que están privadas de la libertad no deben ser tratadas peor que animales, ni siquiera los animales merecen ningún tipo de castigo y menos los PPL que están sujetos a amenazas, chantajes, extorsiones, violaciones o malos tratos en sus derechos humanos. Debemos hacer valer sus derechos con base en lo establecido en la Constitución Política, la Ley Nacional de Ejecución Penal y los Tratados Internacionales, en tanto el secretario de Seguridad no se siga escondiendo en el discurso que todo está bien y no pasa nada”.

Por lo anterior, dijo el diputado morenista, la iniciativa propone la adición de un capítulo del Código Penal y sancionar las lesiones y en su caso la muerte que pueda sufrir una PPL por la acción u omisión de los servidores públicos que trabajan en los centros penitenciarios y que a su vez dependiendo el tipo de trato o maltrato sean sancionados con cárcel.

El diputado de Cuautitlán señaló que en el Estado de México existen 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en los cuales hay 34 mil 475 PPL, lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos, y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos de las PPL. Y operan con un reglamento que data desde 1992, además los presupuestos destinados a la secretaría de Seguridad para los penales no se aplican.

Enfatizó que una persona que haya cometido un delito, debe pagar por el mismo de conformidad con lo que determine la legislación aplicable. Pero eso no debe ser motivo para que sean violados sus derechos humanos y sobre todo sujeto a las agresiones de parte del personal penitenciario. 

Además, denunció Ariel Juárez, las PPL no deben ser sujetos de extorsión al tener que pagar o cubrir cuotas por su permanencia, como los 5 pesos por el pase de lista, y de los cobros a los familiares para poder ingresar alimentos en los días de visita, los cuales llegan a alcanzar los 1,000 a 1,200 pesos.

Destacó que estos hechos contravienen a lo establecido en la fracción X del artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que toda PPL tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. Y puntualizó que, tanto el director del Centro Penitenciario, como demás personal son los depositarios de la integridad física de las PPL, y cualquier persona ingresada a un penal por cualquier delito, sea o no culpable, los servidores públicos que laboran en estos centros, deben hacer valer lo establecido por el artículo 14, así como en las fracciones V y VII del artículo 20 de dicha normatividad.  

El diputado Ariel Juárez refirió que la secretaría de Seguridad estatal es la responsable de lo que sucede en los penales y aunado a ello, debe transparentar y aplicar el presupuesto público.