* Familias de presos denuncian fabricación de delitos y exigen justicia
Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México. A casi cinco meses de mantener un plantón permanente frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mujeres y familiares de personas privadas de la libertad aseguraron que continúan sin ser escuchados por las autoridades, mientras exigen la revisión de expedientes que, afirman, contienen irregularidades y presunta fabricación de delitos.
El diputado local Octavio Martínez Vargas informó que acudió al campamento instalado a las afueras de la Fiscalía para reunirse con las familias, quienes le expusieron que el plantón cumplió 149 días sin que, según su versión, hayan sido recibidas por el fiscal general José Luis Cervantes Martínez.
Durante el encuentro, el legislador señaló que las manifestantes aseguran que existen casos de personas encarceladas por presuntas investigaciones irregulares, detenciones arbitrarias y expedientes sustentados en pruebas que consideran insuficientes o manipuladas. Las familias demandan que cada caso sea revisado de manera individual por autoridades imparciales.
José Luis Cervantes Martínez fue designado como fiscal durante la administración del entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza y su gestión ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos colectivos, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas privadas de la libertad, quienes han solicitado mayor transparencia en las investigaciones y una revisión de casos donde presuntamente existieron violaciones al debido proceso.
Los manifestantes sostienen que, pese al tiempo transcurrido, no han obtenido una mesa de diálogo que permita analizar los expedientes ni establecer una ruta para atender sus denuncias. Aseguran que permanecerán en el plantón hasta que exista una respuesta institucional.
Especialistas en derechos humanos han señalado que las denuncias por presunta fabricación de delitos deben investigarse con independencia, ya que este tipo de señalamientos impactan directamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia y en el respeto al debido proceso. Asimismo, organismos nacionales e internacionales han recomendado fortalecer los mecanismos de revisión cuando existen indicios de posibles violaciones a los derechos humanos.
El diputado Octavio Martínez expresó que dará seguimiento a las peticiones de las familias y buscará impulsar mecanismos institucionales para que sus casos sean revisados por las autoridades competentes, insistiendo en que toda persona tiene derecho a un proceso legal imparcial y a una justicia pronta.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido un pronunciamiento público específico sobre las declaraciones realizadas por el legislador ni sobre las demandas del grupo de manifestantes.
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