Sigue el fraude inmobiliario federal

* SHF proporcionó pruebas contra funcionarios 

#Edomex #CDMX #SHF #PIDH #FMVD #Banobras 

Agencia MANL 

Estado de México.- Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF malbarata la cartera vencida de los créditos hipotecarios en la entidad mexiquense, y en distintos estado del país, porque con subastas simuladas, se vendieron miles de casas al 14% , entre 50 y 70 mil pesos, cuyas pruebas fueron proporcionadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C., José Humbertus Pérez Espinosa, dio a conocer que SHF proporcionó información que comprueba que se vendieron en subastas paquetes a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES. "La propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros".

El economista explicó que durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018).

El ex prisionero de conciencia refiere que aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

"Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos", denunció Pérez Espinosa.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes han sido protegidos por el actual director de SHF, al igual que a las empresas Patrimonio y Tertius. "Son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Existe, dijo, una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba, quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019. 

En dicho documento señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Finalmente, señaló, la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y es por eso que hace unas semanas se presentó una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales

Read More

Internos que solicitan acogerse a Ley de Amnistía confirman fallas del sistema de justicia mexiquense: Ariel Juárez

Agencia MANL 

Toluca, Méx.- El diputado Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la comisión legislativa Especial del Sistema Penitenciario del Congreso mexiquense, precisó que la impartición de justicia en la entidad registra, en su conjunto, una gran cantidad de irregularidades y fracasos estructurales, prueba de ello es la existencia de indicios contundentes de que miles de personas están privadas de su libertad por delitos que no cometieron.

Durante su participación en el “Foro Análisis de Amnistía en el Estado de México” convocado por el Poder Judicial de la entidad y donde se precisó que hay 4 mil 820 solicitudes de Amnistía, de las cuales 2 mil 898 se han admitido, el diputado local del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que ante dicho escenario el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo están obligados a trabajar de manera coordinada para que a la brevedad se perfeccione el mecanismo de la Ley de Amnistía estatal y permita analizar cada uno de los expedientes-solicitudes.

Lo anterior, subrayó, con el único objetivo de garantizar que ninguna persona inocente permanezca en la cárcel por delitos que no cometió, por conductas delictivas inventadas y/o por violación a sus derechos humanos durante el desarrollo del proceso jurídico en su contra. 

Ante Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial estatal; Gerardo Ulloa Pérez y Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Amnistía, respectivamente; así como Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Derechos Humanos estatal; Myrna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos local; Jueces locales encargados de atender peticiones de amnistía; empresarios; titulares de organizaciones no gubernamentales como “Prisionero de Conciencia” y “Haz Valer Mi Libertad”, entre otros, el legislador expuso las fallas en el sistema de justicia.

El diputado Ariel Juárez aseguró que hay una grave omisión por parte de los directivos del Sistema penitenciario estatal, ya que, en los Centros de Readaptación Social se registran constantes violaciones a los derechos humanos, tanto en agravio de las personas que asisten a visitar a sus seres queridos como de las Personas Privadas de su Libertad (PPL).

A estos últimos, precisó, se les impide y/o obstaculiza el acceso a sus propias carpetas de investigación-expedientes judiciales, entre otras irregularidades que padecen y se pueden configurar como actos delictivos en contra de los PPL. 

El diputado de Morena expresó que el aparato institucional de impartición de justicia del Estado de México registra en algunas de sus áreas “todo un sistema de corrupción”, el cual se hace presente hasta en el mismo sistema Judicial, Fiscalía, corporaciones de seguridad y gobierno estatal en general. 

Ante un escenario tan adverso para los PPL, sus familiares y mexiquenses en general, las y los diputados locales no pueden permanecer indiferentes y deben modificar la ley para otorgarle, por ejemplo, más facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el objetivo de que sus intervenciones sean más firmes e impidan que se siga presentando conductas que agravian y violan los derechos humanos de mexiquenses, en especial los que por una u otra circunstancia están relacionados con el sistema penitenciario.

José Humbertus precisó que disponen de patrones de cómo se fabricaron los delitos de alto impacto por distritos judiciales y acreditarán la Inocencia de los PPL que representan, y cuestionó que la Ley de Amnistía excluya casos cuando los delitos atente contra la vida, la libertad o la integridad de la persona.

“Estas limitantes no son aplicables para nosotros y no es una restricción en la Ley de Amnistía, simplemente porque los delitos de alto impacto porque los procesaron y sentenciaron a nuestras PPL son inocentes, son falsos culpables, esos delitos no los cometieron y no son responsables”.

Por último, Ariel Juárez,  precisó que, para impulsar las preliberaciones, amnistías y garantizar que a las personas que hayan logrado su libertad se les brinde una oportunidad laboral, los tres poderes de gobierno y Comisión de Derechos Humanos deben ir de la mano.

“Vamos de la mano, no podemos estar desligados unos de otros”, concluyó.

Read More