Plantean reformas penales por caso Octavio Ocaña

* Familiares del actor fallecido piden sanción severa a quien lucre con tragedia

* Paramédico quien difundió imagen de cuerpo de Ocaña, está excluida de agravantes 

#Edomex #OctavioOcaña #cuautitlánizcalli

Agencia MANL 

Toluca, Méx.-Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen castigo severo a quien filtre imágenes de víctimas para lucrar con la tragedia  del actor  Octavio Pérez Ocaña,a  poco más de un año de su muerte.

La diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, y se sancione también a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública. 

Al exponer su iniciativa en tribuna, la legisladora de Morena detalló que en este caso, ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y cuyas  causas que originaron su fallecimiento aún continúan en proceso de investigación, fue una paramédico quien se encargó de proporcionarle los primeros auxilios cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el cual ocurrió su deceso y quien presuntamente fotografió el cadáver y compartió las imágenes. 

“Dicha persona Marcelina N. se encuentra excluida de la agravante del tipo penal toda vez que el artículo que la ley establece “Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte”, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”, afirmó.

La legisladora de Morena recordó que en agosto de 2021 se publicaron reformas al Código Penal de la denominada Ley Ingrid que impone sanciones a quien audio grabe, comercialice, comparta, difunda, exponga y filme, publique o remita imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad. Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte. 

Sin embargo, la legisladora de la 4T, LuzMa Hernández subrayó que aunque fue una evolución por el respeto de los derechos humanos, la redacción actual no toma en cuenta aspectos relevantes que pueden atentar contra el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, porque excluye a servidores públicos que tienen probable participación en el proceso de atención a la víctima aún con vida o de la manipulación del cadáver. 

Y por ello, la multa para quienes incurren en la conducta delictiva es muy baja y por lo tanto no cumple con el objetivo de evitar su cometimiento, ya que es de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, tomando como referencia el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), valor diario 96.22 pesos, mientras que en la Ciudad de México es 10 veces mayor, de 500 a mil UMAS.

Por ello, la diputada LuzMa. Hernández propuso reformar el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, con el objeto de prevenir el cometimiento del acto ilícito relacionado al “respeto a los cadáveres” y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas indirectas del mismo.

La propuesta establece sancionar al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.

Y establece que se impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. … Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública, las penas previstas se incrementarán hasta diez años.  

Al término de la presentación de la iniciativa, familiares de Octavio Ocaña, abogados e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos Lex ProHumanitas, Floreciendo con Dignidad, A.C. y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, exigieron justicia y agradecieron el respaldo de la diputada LuzMa. Hernández y del Grupo Parlamentario de Morena por impulsar iniciativas que eviten lucrar con la tragedia.

Octavio Augusto Pérez Alvarado, padre del actor fallecido aseguró que hay miles de casos como el suyo, pero no cualquiera levanta la voz en los medios de comunicación para presionar a las autoridades como ocurrió con la Fiscalía del Estado de México que ya había dado carpetazo al caso

“Volvimos a abrir la carpeta, ya tenemos un detenido, cinco a punto de ser detenidos y un prófugo, así que espero poder ayudar a otras gentes como en mi caso, y orientarlos”.

Bertha Kristel Pérez Ocaña, agradeció el apoyo de la Legislatura para que con estas reformas a la ley sean parteaguas en otras entidades, donde ocurren casos similares, mientras que Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio Pérez Ocaña agradeció el respaldo a la familia “porque el dolor nunca va a acabar, no nos lo van a regresar, pero gracias por apoyar a que no sea un carpetazo, luchamos como familia hasta el último momento”.

Fernando Manilla Contreras, director general de Lex Pro Humanistas exigió que en el caso Ocaña, haya justicia total, que no quede un solo delito sin investigar, ni culpable sin condena. “Lo que queremos es que el legado y el recuerdo de nuestro querido Octavio Ocaña quede por todas las generaciones en la ley, para que las próximas personas que sean víctimas de un delito tan ruin, como obtener dinero por traficar fotografías la piensen dos veces”.

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Piden a FGJEM deslindar responsabilidades en caso de Octavio Ocaña

Agencia MANL

Toluca, Méx.-  Ante el creciente actuar irregular de las corporaciones policiacas y ministeriales, y la falta de confianza de la ciudadanía a las autoridades, el Grupo Parlamentario de Morena exhortó a la Fiscalía General de Justicia, al titular de la Secretaría de Seguridad y al presidente municipal de Cuautitlán Izcalli informar sobre los protocolos y acciones para el respeto a los derechos humanos de los mexiquenses, y los mecanismos para evitar abusos y erradicar omisiones en el actuar de los uniformados.

Las diputadas locales de Morena, Luzma Hernández y Carmen de la Rosa presentaron el exhorto, con el fin de visibilizar, las prácticas que generan impunidad y opacidad en las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, y se demuestra que las capacitaciones impartidas por las instituciones estatales no son eficaces, y que es indispensable tomar acciones para garantizar la credibilidad de las investigaciones, así como profesionalizar el actuar de las corporaciones policiacas, en sus distintos niveles de gobierno. 

La integrante de la bancada de la Esperanza, lamentó que los hechos ocurridos, el 29 de octubre, relacionados con el fallecimiento del actor Octavio Ocaña, se tornaron relevantes para la opinión pública, debido a la actuación del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante la evidente existencia de inconsistencias que son respaldadas por opiniones ciudadanas y testigos visuales que dan muestra por medio de las tecnologías, que los hechos ocurrieron de manera distinta a lo que la fiscalía arroja como resultado de su investigación.

La morenista indicó, que con ello se demuestra que las actuaciones de la Fiscalía en ocasiones se llevan a cabo al margen de la legalidad, distorsionando la verdad histórica de los hechos, con el fin de beneficiar o perjudicar a quienes realizan la labor policial. 

Por lo anterior, refirió, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inicio una queja de oficio, para investigar, las presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. No se puede pasar por alto que la CODHEM, ha recibido en lo que va del presente año mil 296 quejas contra policías municipales por omisiones al debido proceso, uso desproporcionado de la fuerza y abuso. 

Señaló que el presidente municipal de Izcalli tiene a su cargo a la corporación policiaca y debe establecer las directrices que se han tomado con la finalidad de erradicar cualquier conducta violatoria de derechos humanos. 

Sin embargo, dijo, los recientes hechos que sacuden la entidad mexiquense, ponen en evidencia que la capacitación a cargo de la Secretaria de Seguridad, dejan mucho que desear, por los retenes ilegales hasta persecuciones, sin el mínimo respeto a los Derechos de los ciudadanos, la nula aplicación de protocolos de uso de la fuerza y preservación de la integridad y seguridad personal. 

Antes, explicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicada en marzo de 2020, refleja que solo el 32.2 por ciento de la población confía en el gobierno estatal, y la tasa de incidencia de corrupción aumentó 5.6 por ciento, mientras que solo el 25.8 por ciento confía en los policías, a nivel nacional estamos en los últimos tres lugares, pues los mexiquenses no confían en estos servidores públicos. 

Previamente, el diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que la Legislatura local está en espera de los informes finales de la Fiscalía, que estén respaldados con peritajes criminalísticos sobre lo que pasó en el caso Ocaña, tras los cuestionamientos realizados por familiares de la víctima, sobre las conclusiones del caso, así como por la filtración de fotos del cuerpo en el anfiteatro y actuar en consecuencia. 

 “Se tienen que hacer deslindes de responsabilidades, porque no se puede estar responsabilizando a diestra y siniestra a las autoridades de todos los niveles, cuando se debe hacer deslinde, no hay que generalizar, hay que ser muy precisos”, aseveró el también líder de la bancada morenista.

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