Agencia MANLToluca, Méx.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) presentó una iniciativa de reforma a los Códigos Civil y de Procedimientos Administrativos de la entidad para que las pruebas periciales y psicológicas sean obligatorias, a fin de que el juez determine la asignación de la patria potestad del infante a uno de los padres.
Al exponer en tribuna la iniciativa de ley, la diputada panista Karina Labastida Sotelo explicó que uno de los derechos de los infantes, reconocidos por los tratados internacionales y por nuestro estado, es ser escuchado en relación a quien quiere que ostente su patria potestad.
“En el ámbito local el grupo parlamentario que representó asume una postura propositiva sobre los problemas que actualmente aquejan a la familia, y desde nuestra Plataforma Legislativa diseñamos directrices que protejan no sólo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que repercutan en su padres y en todos aquellos que puedan ejercer la patria potestad y en determinado momento la custodia”.
“Considerando que la asignación de patria potestad y custodia de un menor ante la disolución matrimonial crea un conflicto aún mayor de índole familiar, determinamos promover la iniciativa para que el juez correspondiente considere como prueba pericial la consulta verbal al menor, con el objetivo de saber si quiere ser cuidado por su padre o su madre.
La legisladora mexiquense destacó que en nuestro País al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de implementar una serie de medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en la misma.
“Atendiendo esta obligación los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura hemos iniciado en México un proceso de adecuaciones legislativas tendientes armonizar el marco jurídico local, con los principios que contempla dicha Convención”.
Asimismo, Karina Labastida Sotelo afirmó que la Reforma Constitucional en este tema, motivó la expedición de su ley reglamentaria, la que obliga a emitir leyes en todos los Estados que integran la federación, con el objeto de tener un sistema jurídico integral que garantice la protección de la infancia.
Finalmente, apuntó que los diputados panistas proponen que la autoridad jurisdiccional recabe los datos mínimos para determinar, con independencia y prudencia quién de los padres deberá quedarse con el menor con base en la práctica de periciales en materia de trabajo familiar y psicología.
“Los menores deben ver materializado su derecho a una vida digna, libre de violencia para que puedan acceder a un pleno desarrollo psico-social y afectivo”.
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