Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas envió a la Legislatura local una iniciativa de ley para adicionar al artículo 166 BIS del Código Penal del Estado de México, sanciones de seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los Centros Preventivos y de Readaptación Social, así como castigos de ocho a 13 años de cárcel para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica, y solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento, con el objetivo de combatir la extorsión.
“Hoy es momento de que todos cerremos filas para regresarle al Estado de México, la tranquilidad que merece, la paz social que merece y poder actuar con energía, con contundencia, en contra de aquellos que atentan contra nuestra gente, contra nuestros ciudadanos mexiquenses, así es que a cerrar filas en esta materia, la participación ciudadana es también relevante, su denuncia es muy importante. Yo estoy cierto que con la estrategia del gobierno federal, con la participación del estado, con la incorporación todavía más activa de los municipios, yo estoy cierto que habremos de reducir los índices que, hoy día, afectan a nuestro Estado de México, con acciones concretas, inteligencia, estrategia, energía, carácter y con resultados que la población pronto habrá de ver en la entidad y en todo el país”, expresó.
Al inaugurar la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en Toluca, Eruviel Ávila señaló que con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca desalentar el ingreso de este tipo de tecnologías y de cualquier objeto prohibido al interior de los penales, ya que, de acuerdo a las denuncias realizadas por este delito, la mayor parte de las llamadas salen de los centros de readaptación social del país, por lo que es necesario tipificar el delito de introducción de telefonía celular a estos sitios e incrementar la penalidad, e hizo un llamado a la población para que no haga caso a este tipo de extorsión y a denunciarlo.
Indicó que este delito es el segundo que se reporta con más frecuencia en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Estado de México ocupó en enero de 2014, el octavo lugar entre las entidades en donde más se comete este flagelo, tomando en cuenta la incidencia por cada cien mil habitantes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo que es necesario no bajar la guardia y continuar combatiéndolo con el reforzamiento de la normatividad.
El gobernador mexiquense mencionó que esta acción se suma a otras estrategias diseñadas por la administración estatal para combatir delitos de alto impacto en beneficio de los mexiquenses, como la aprobación en agosto de 2013, de reformas a la ley para que quienes roben con violencia o extorsionen en la entidad, no salgan de la cárcel con facilidad; el endurecimiento de las penas a estos delitos, alcanzando de 40 a 70 años de cárcel o prisión vitalicia; con lo que se ha logrado la aprehensión y vinculación a proceso de 120 extorsionadores y de más de mil 700 personas por robo con violencia; medidas que permitirán sentar las bases para alcanzar un estado más seguro.
Eruviel Ávila también realizó un llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública, pues aseguró que la Constitución Política obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar para combatir a la delincuencia, y los instó a aplicar las sanciones para cesar del cargo a aquellos elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.
El titular del Ejecutivo estatal puso en marcha la Unidad de Atención al Derechohabiente del ISSEMyM Toluca, con una inversión de más de 11 millones de pesos y en beneficio de alrededor de 370 mil afiliados de 27 municipios, como la capital mexiquense, Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec. Ocoyoacac, Temoaya, Villa Victoria, entre otros; en la cual se brindará atención a un mayor número de personas y se podrán realizar trámites como afiliación y credencialización de servidores públicos, familiares y dependientes económicos, y de acceso a las prestaciones a las que tienen derecho como pensiones y jubilaciones, entre otros, a través de 10 estaciones de trabajo para la jefatura de prestaciones, cuatro para afiliación, cuatro para trabajo social, dos cubículos para jubilados y un amplio estacionamiento.
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