Agencia MANL
Toluca, Méx.- Los ocho aspirantes de la terna de 10 que la LXI Legislatura aprobó como los que tienen mayores posibilidades de de encabezar la fiscalía mexiquenses "son responsables directos de la grave corrupción de la FGJEM", advirtió Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH).
Denuncian a ocho aspirantes como "cómplices" de la corrupción por no haber denunciado a sus superiores, que no se formaron las y los operadores de justicia en el Servicio Profesional de Carrera: ministerios públicos, policías y peritos, que nos se realizaron investigaciones y sin pruebas sentenciaron a miles de falsos culpables por delitos de alto impacto siendo inocentes y no denunciaron el desvió de miles de millones de pesos para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
En su análisis el colectivo advierte que hay coincidencias en ocho de los aspirantes como lo es que unos se desempeñaron y otros se desempeñan como titulares e integrantes del ministerio público del fuero común y federal.
"La responsabilidad principal" de todos es no haber dado cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legislativas que les impuso la Constitución Federal con la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, lo que los hace "responsables directos de la grave corrupción de la FGJEM".
A detalle explican que los ocho aspirantes que buscan obtener ser designados Fiscal General del Estado de México son: Rodrigo Archundia Barrientos, María de la Luz Quiroz Carbajal, María Esther Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, José Luís Cervantes Martínez, Dylcia García Espinosa de los Monteros, y Antonio Israel Lira Salas, son responsables penal y administrativamente de no haberse instalado y consolidando el SJPA.
La Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, establece que las y los operadores de justicia están circunscritos al Control de Convencionalidad, y esto queda de manifiesto con la publicación del: “Manual: Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia, editado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con fecha del 5 de diciembre de 2013.
PIDH señala que estos graves incumplimientos de los ocho aspirantes de la corrupción a la Carta Magna, a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al Control de Convencionalidad Difuso, son responsables directos e indirectos de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública (ministerios públicos, policías de investigación y peritos), no sean operadores de justicia, por no contar con la Carrera Ministerial, Policial y Pericial y lo más grave carecer de la Certificación Constitucional que les tuvo que haber otorgado el Centro de Control de Confianza del Estado de México.
Los ocho aspirantes de la corrupción como Procurador de Justicia, Subprocuradores, Fiscales Regionales y de Fiscalías Especiales del Estado de México, no debieron permitir que los ministerios públicos, policías de investigación y peritos a su cargo, no contarán con el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, y mucho menos no estar certificado como operadores de justicia, tal y como lo establece la CIDH a través del informe titulado “Manual: Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia.
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