Por José Humbertus Pérez Espinoza.
COLUMNA ESPECIAL
Durante los años 2013-2014 del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, el Secretario de Gobierno José Sergio Manzur Quiroga, el presidente municipal de Tecámac Aarón Urbina Bedolla y el Fiscal General del Estado de México (FG) Alejandro Jaime Gómez Sánchez, en una acción concertada operaron la invasión de miles de viviendas en conjuntos habitacionales de la entidad mexicana.
Esta acción delictiva tuvo como principal objetivo dar refugio a diversos grupos delictivos en los Conjuntos Habitacionales del Estado de México. En ese momento inició la espiral de violencia en el municipio de Tecámac. Esto llevó a que grupos criminales e invasores acumularan miles de viviendas con millones en ganancias ilegales.
Aarón Urbina Bedolla y Vicente Urbina Bedolla (quien murió de manera sospechosa e incluso se sabe que fue ejecutado por el crimen), con ayuda del jefe de seguridad pública del Municipio de Tecámac Carlos Medina Olivares, fueron quienes legitimaron este flagelo.
Incluso los Conjuntos Urbanos de Villas de Real en Tecámac fueron los más invadidos, específicamente las Secciones Quinta y Sexta. El FG Gómez Sánchez utilizó a los invasores: Noé Centeno Ruíz, Delia Hernández, Israel y Ricardo Enríquez Dávila y Norma Leonard Olguín para fabricar 3 carpetas de investigación por el delito de allanamiento de morada y llevar a prisión al activista José Humbertus Pérez Espinoza como falso culpable.
El 21 de septiembre de 2020 Noé Centeno Ruiz fue detenido por el delito de robo a vivienda habitual, el 22 de septiembre del mismo año fue imputado formalmente. El invasor fue protegido impunemente y liberado el 27 de septiembre de 2020. Le otorgaron la medida cautelar mediante firmas para liberar su causa penal.
Noé Centeno Ruíz no cumplió con la medida cautelar (no se presentó a firmar la sentencia que el juez de Control Alfredo López López le otorgó impunemente (a sabiendas de que tenía dos credenciales del INE con distintos nombres, las carpetas de investigación vigentes y su peligrosidad).
Esta libertad fue apoyada por el presidente del TSJEM Dr. Ricardo Sodi Cuellar y por la FGJ Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Esto fue lo que descubrimos al entrevistar al fiscal regional de Tecámac Eloy Peralta Mora (mejor conocido en el submundo del crimen como El Yanki quien en Michoacán fue subsecretario de seguridad dejó una gran estela de corrupción y violencia por sus vínculos con el crimen organizado).
En entrevista con El Yanki, fingió estar sorprendido al “encontrar” que el ladrón de casas Noé Centeno Ruíz había sido liberado, y en una grabación que tenemos, confirmó lo siguiente: “Encontré vínculos con la Policía, giré una orden de captura y decomisamos un laboratorio de droga muy grande”. “Nos conocíamos, pero cuando empezó el rodaje empezamos a vernos y todo salió a la luz”.
Si la Fiscalía supo que Noé Centeno Ruíz y El Yanki confesó los delitos que cometió como: producir droga en la casa que invadió, la desaparición de una persona que fue asesinada y le hicieron una carnitas, ¿quién dio la orden de su libertad?
¿Por qué el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez y El Yanki (Eloy Peralta), si conocían de estos graves crímenes de lesa humanidad, no presentaron estas denuncias? y ¿por qué los ministerios públicos no argumentaron ante el juez Alfredo López López que el invasor de domicilio: Noé Centeno tenía diversos delitos, identidades distintas a la del INE y domicilios diferentes y no argumentaron esos graves delitos para no otorgarle la libertad y llevar su causa penal a libertad?
Así, cuando una persona falsamente culpable de delitos de alto impacto es enviada a prisión por un delito menor (cohecho, delitos contra la salud, entre otros) fuera del penal, lo vuelven a detener para acusarlo falsamente de: (homicidio, secuestro, extorsión, violación, robo de vehículo, trata de personas) y sustituyen a una persona inocente por un delincuente o delincuentes controlados por las fiscalías especializadas del Estado de México.
Estas formas de control de las fiscalías especializadas por parte de la parte penal fueron consensuadas y avaladas por el ex fiscal general de la República Alejandro Jaime Gómez Sánchez (candidato de Morena a magistrado para formar parte del Tribunal Disciplinario Judicial del Edomex), el actual fiscal general de la República José Luis Cervantes Martínez y por los ex presidentes del PJEM Sergio Javier Medina Peñaloza y Ricardo Sodi Cuellar (candidato de Horacio Duarte a ministro en la SCJN).
Desde la estructura criminal del allanamiento de morada hasta la expropiación de viviendas, pasando por la institucionalización del fraude procesal para favorecer a: acreedores hipotecarios, invasores, abogados, coyotes y “agentes inmobiliarios” que “compraron” miles de viviendas invadidas con recursos de procedencia ilícita que el PJEM convalidó su legalización.
Esta nueva estructura criminal se basa en el fraude procesal que a través del Juzgado Ordinario Mercantil (que no es el Juzgado Especial Hipotecario) despojó a miles de familias de sus viviendas, y el FG desde su sede en Tecámac apoyó los desalojos de las viviendas, utilizando policías ministeriales que operaron y cosecharon millonarios recursos ilícitos.
La estructura criminal de allanamientos y robos nació en el municipio de Tecámac, y 15 años después quedó al descubierto con los trágicos hechos del 1 de abril de este año en el municipio de Chalco, donde una señora de la tercera edad de nombre Carlota le quitó la vida a dos asaltantes de vivienda.
Ahora se sabe que la dueña de la casa (donde perdieron la vida los invasores) es la hija de doña Carlota quien presentó su denuncia penal por el delito de robo ante el FG. Que previo a la tragedia, la policía acudió al propietario para informarle que habían invadido su vivienda y que debían desalojarlo, y no tuvieron respuesta por parte de las autoridades ministeriales.
Cuando la policía acudió con el dueño de la casa para comunicar a los invasores que debían retirarse porque habían invadido el inmueble, a petición del propietario en ese momento tenían la obligación de haber puesto a los invasores a disposición del ministerio público.
No lo hicieron porque el FG protege a los grupos criminales que controlan el negocio ilegal de las invasiones. Luego de que la tragedia se hiciera hombre, doña Carlota reconoció que sus actos fueron resultado de la impunidad que existe en el Estado de México.
Los FG, como es su costumbre y naturaleza, cometieron un delito cuando presentaron a doña Carlota con su hija y su nieto, le mostraron dos pistolas y varias bolsas de narcóticos que estaban sembradas, luego (muy al estilo de Horacio Duarte) trataron de desacreditar a la anciana de que su hijo era diputado del PRD y que las personas que estaban en el edificio tenían contrato de arrendamiento.
Nada de esto funcionó para el gobierno de la maestra Delfina Gómez, quien es la principal responsable pues en su campaña por la gubernatura presentó en diversos mítines que el delito de invasiones era una constante y que los presidentes municipales de Morena administraban esa estructura criminal.
La responsabilidad del Gobierno del Estado de México es clara y así quedó demostrada cuando Delfina Gómez y Horacio Duarte sellaron su alianza con el Grupo Atlacomulco. Adoptaron la candidatura de un abogado penalista para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, el ex FG Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
El operador de la estructura criminal de las invasiones Alejandro Jaime Gómez Sánchez en sus actos de campaña como candidato a magistrado salió acompañado de El Yanki Eloy Peralta y el invasor de propiedades y viviendas Israel Enrique Dávila.
Enríquez Dávila quien junto a sus hermanos Ricardo y Víctor Enríquez Dávila y su cuñada Norma Leonor Olguín en alianza con Noé Centeno Ruiz realizaron las invasiones al Conjunto Habitacional Villa del Real en Tecámac desde el año 2014. Los hermanos invasores Enrique Dávila dividieron ilegalmente 800 hectáreas del ejido Santa Isabel Ixtapan en el municipio de San Salvador Atenco.
Estos invasores, protegidos por los ahora gobiernos priistas de Morena, fueron los mismos que se aliaron con el ex FG Gómez Sánchez para llevar a prisión al activista José Humbertus Pérez Espinoza.
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