Por: José Humbertus Pérez Espinoza
COLUMNA ESPECIAL
El caso de Fernanda Casanueva de Diego y Roberto Cervantes Martínez representa uno de los casos más representativos de cómo opera la gran corrupción de los poderes judiciales de la federación y del fuero común.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, designó a la economista del ITAM, Fernanda Casanueva, como Secretaria Ejecutiva Administrativa del Poder Judicial de la Federación.
El nombramiento de Fernanda Casanueva contraviene la Ley Orgánica del PJF en virtud de que se le otorgaron facultades ilimitadas para celebrar contratos de bienes y servicios, que benefician a un grupo de empresarios afines al ministro Piña Hernández.
Incluso, en la conferencia matutina del martes 15 de abril de 2025, el periodista de la revista Fortuna denunció cómo Fernanda Casanueva es responsable de la adquisición y administración del presupuesto del CJF por más de 70 mil millones de pesos.
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El periodista acusó ante la presidenta Claudia Sheinbaum que Fernanda Casanueva y sus asesores no están cumpliendo los acuerdos de la comisión de administración del CJF.
Los concejales del organismo CJF han señalado a Fernanda Casanueva que los estudios de mercado no pueden ser realizados por los empresarios y que los propios particulares participan en los procesos de contratación.
Incluso el periodista de Fortuna señaló sobre Fernanda Casanueva: “de hecho, en las últimas semanas, señor Presidente, se canceló al menos un proceso de reclutamiento porque no se hizo como lo solicitó la señora Casanueva”.
El comunicador de la revista Fortuna concluyó: “el caso ya ha causado preocupación entre algunos consejeros del pleno del CJF”. El periodista preguntó al presidente: si estamos en medio de una renovación del PJF, ¿qué podemos esperar los mexicanos de la rendición de cuentas de estos funcionarios? El presidente fue contundente: hay que hacer una revisión, una auditoría, con los nuevos ministros.
Estos actos delictivos de corrupción en el PJF también fueron aplicados por el magistrado y expresidente del TSJEM, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, quien tan sólo seis días después de su nombramiento impuso a Roberto Cervantes Martínez como Director General de Administración del PJEM.
Aplicando el mismo modus operandi de los delitos cometidos por servidores públicos, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar impuso al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México (CJEM) el acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós y otorgó superpoderes y facultades a Roberto Cervantes Martínez.
Roberto Cervantes Martínez (es hermano del fiscal carnal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez), con las superfacultades que le otorgó Ricardo Sodi, celebró convenios y contratos derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza.
Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el acuerdo citado, desbancaron a los asesores de la comisión administradora del CJEM y con ello sobrevaluaron todos los contratos en materia de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios, para favorecer a las empresas amigas que les entregaron cientos de millones de pesos.
Es decir, como la ministra Piña Hernández, quien designó a su pupila Fernanda Casanueva en el órgano de administración del PJF para saquear los recursos públicos y beneficiar a los empresarios agresores del PJF,
Ricardo Sodi nombró al alma gemela de Casanueva, es decir, Roberto Cervantes, desplegando las mismas conductas delictivas y consiguiendo recursos ilícitos para beneficiar a los empresarios consentidos por el magistrado y contar con recursos para sus aspiraciones de ocupar una curul como ministro de la SCJN.
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