Agencia MANL
MĂ©xico, D.F.- La Oficina en MĂ©xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) repudia los asesinatos de Ana MarĂa Marcela Yarce Viveros, miembro del equipo de la revista ContralĂnea, y RocĂo GonzĂ¡lez, periodista independiente, cuyos cuerpos sin vida fueron identificados el pasado 1 de septiembre en la Ciudad de MĂ©xico. Estos crĂmenes se suman al ocurrido hace unas semanas que segĂ³ la vida del comunicador social Humberto MillĂ¡n en CuliacĂ¡n, Sinaloa.
“Estos asesinatos, amĂ©n del dolor que causan a las familias y personas cercanas para las cuales van nuestros sentimientos de solidaridad, agravian profundamente al gremio periodĂstico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protecciĂ³n y seguridad, tienen vigencia y legitimidad indiscutibles”, sostuvo Javier HernĂ¡ndez Valencia, Representante en MĂ©xico de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En lo que va del año 2011 las y los comunicadores sociales muertos violentamente suman ocho, trĂ¡gico panorama que se presenta reiteradamente desde el año 2000 para dar una cifra acumulada que eleva a 74 los homicidios contra periodistas, segĂºn fuentes oficiales.
Independientemente de sus mĂºltiples mĂ³viles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupaciĂ³n y asĂ lo plasmaron el Sr. Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de OpiniĂ³n y ExpresiĂ³n, y la Sra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de ExpresiĂ³n de la ComisiĂ³n Interamericana de Derechos Humanos, en sus respectivos informes de misiĂ³n y recomendaciones a MĂ©xico luego de su visita conjunta al paĂs exactamente hace un año.
La ONU-DH insta a las autoridades competentes a agotar todas las lĂneas de investigaciĂ³n que se deriven de estos crĂmenes con una adecuada perspectiva de gĂ©nero, incluyendo particularmente aquellas que se relacionen con su actividad periodĂstica, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables. Al mismo tiempo, invita a la ciudadanĂa a unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresiĂ³n en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimizaciĂ³n constituye ademĂ¡s un gravĂsimo atentado contra la libertad de expresiĂ³n.
