Agencia MANL
México, D.F.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) repudia los asesinatos de Ana María Marcela Yarce Viveros, miembro del equipo de la revista Contralínea, y Rocío González, periodista independiente, cuyos cuerpos sin vida fueron identificados el pasado 1 de septiembre en la Ciudad de México. Estos crímenes se suman al ocurrido hace unas semanas que segó la vida del comunicador social Humberto Millán en Culiacán, Sinaloa.
“Estos asesinatos, amén del dolor que causan a las familias y personas cercanas para las cuales van nuestros sentimientos de solidaridad, agravian profundamente al gremio periodístico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protección y seguridad, tienen vigencia y legitimidad indiscutibles”, sostuvo Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En lo que va del año 2011 las y los comunicadores sociales muertos violentamente suman ocho, trágico panorama que se presenta reiteradamente desde el año 2000 para dar una cifra acumulada que eleva a 74 los homicidios contra periodistas, según fuentes oficiales.
Independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación y así lo plasmaron el Sr. Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y la Sra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus respectivos informes de misión y recomendaciones a México luego de su visita conjunta al país exactamente hace un año.
La ONU-DH insta a las autoridades competentes a agotar todas las líneas de investigación que se deriven de estos crímenes con una adecuada perspectiva de género, incluyendo particularmente aquellas que se relacionen con su actividad periodística, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables. Al mismo tiempo, invita a la ciudadanía a unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimización constituye además un gravísimo atentado contra la libertad de expresión.
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