Edomex incrementó sólo 25 por ciento en construcción de viviendas en 10 años

Agencia MANL

Toluca, Méx.- En los últimos diez años la entidad mexiquense registró un crecimiento del 25 por ciento, al pasar de 2 millones 892 mil viviendas nuevas, a 3 millones 749 mil; sin embargo es necesario garantizar las áreas comunes por ser espacios de convivencia social de los vecinos.

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), propuso una iniciativa de reforma a fin de generar mayor certeza jurídica tanto a los desarrolladores de conjuntos urbanos, como a los ciudadanos, autoridades municipales y estatales, respecto a las áreas de donación.

Explicó que los espacios públicos dentro de los desarrollos urbanos deben ser una prioridad de cualquier proyecto urbanístico, pues en ellos se facilita mejor el desarrollo integral de las familias y genera la pertenencia de lugar, donde se tejen las redes sociales de participación cívica y cultural.

“Sin embargo el crecimiento de desarrollos urbanos no ha contemplado generar espacios de convivencia social y de áreas verdes que fomenten un desarrollo integral de la persona y una mejor integración comunitaria”.

El diputado panista destacó que la política inmobiliaria que se aplica en la entidad mexiquense ha degenerado en la construcción de una casa cada 10 minutos desde 1999, lo que representa el 13 por ciento de la vivienda total nacional: “Tan sólo durante en los últimos seis años se autorizaron 391 mil 570 nuevas viviendas, así como la construcción de 204 conjuntos urbanos”.

Explicó que la necesidad de vivienda, en los últimos seis años en México, demandó la construcción de más de 4 millones, es decir, que se ha requerido construir cerca de 633 mil anualmente, sin embargo, la población del estado de México actualmente supera los 15 millones habitantes, por lo que necesita en un lapso de seis años construir más de 758 mil viviendas.

Propuso reformar el Libro V del Código Administrativo del Estado de México, para otorgar mayor certeza jurídica, tanto a los desarrolladores de conjuntos urbanos, como a los ciudadanos, a las autoridades municipales y estatales respecto a las áreas de donación.