Toluca, Méx.- Con la finalidad de construir bases para garantizar la protección de los derechos humanos, el Diputado perredista Armando Portuguez Fuentes, propone crear la Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, reformar y adicionar diversas disposiciones que garanticen la protección o en su caso reparación de vulneración por algún servidor público.
Crear la legislación necesaria para que el Estado de México cuente con los mecanismos de reparación de los derechos humanos que pudieran ser vulnerados por parte de sus servidores públicos, resaltó el legislador.
La propuesta del legislador del Sol azteca, propone que la Comisión de Derechos Humanos, establezca las bases mínimas para contemplar la reparación del daño por parte de las autoridades; misma que debe tener dos vertientes, la primera en lo que respecta a la situación en lo individual con la parte lesionada y otra con el Estado en sí mismo, garantizando que dicha violación no pueda repetirse.
Se propone la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil, universalmente apreciado, como lo es el dinero, reparar tanto el daño material, como el inmaterial, que es el que se refiere a los efectos psicológicos emocionales sufridos como consecuencia de la vulneración a los derechos humanos de la víctima, señaló diputado Portuguez Fuentes.
Además, contempla las satisfacciones como forma de reparación a su vulneración, la cual pudiera abarcar diversos resarcimientos que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales, es decir, ciertas medidas específicas enfocadas al prestigio o buena fama pública de las víctimas, con la finalidad de rescatar y preservar el honor y en su caso, reivindicar a la persona en su comunidad o en sociedad.
Incluso, que los servidores públicos del Poder Judicial de nuestra entidad, también sean susceptibles de recomendaciones por actos u omisiones que se encuentren fuera del proceso judicial o bien por situaciones del ámbito administrativo, como por ejemplo por conductas de discriminación, vejaciones, malos tratos o cualquier otro acto u omisión que comprometa su actuar contra la dignidad de las personas.
Debido a que nuestro país está suscrito a diversos tratados internacionales, que sea precisamente el Poder Judicial de nuestro Estado, el que supervise el cumplimiento del pacto social y los tratados internacionales en dicha materia.
Incluye, la creación de una Sala especializada en Derechos Humanos la cual podrá obligar al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal (Codhem), cuando la autoridad responsable las acepte y posteriormente no haga nada para su cumplimiento; con esto nuestra entidad, pasaría a la vanguardia en la protección de los derechos básicos.
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