LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO MAESTRA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ DEBE DE INVESTIGAR PORQUE NO SE INSTALÓ Y CONSOLIDÓ EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
El programa de seguridad del Estado de México de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez deberá primeramente realizar la evaluación, funcionamiento y operación del Sistema Justicia Penal Acusatorio (SJPA), sí se cumplió con la formación de los operadores de justicia como resultado de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Visita In Loco de 2010.
El gobierno de Morena tendrán que investigar e informar a la sociedad mexiquense si los gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, dieron cumplimiento al servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial mediante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia hoy Universidad Mexiquense de Seguridad (USM) y si se dio cumplimiento con los exámenes de control de confianza y dar cumplimiento con la certificación constitucional a través del Centro de Control de Confianza.
El día de ayer María Luisa Alcalde Lujan Secretaria de Gobernación en la conferencia mañanera acusó que el Fiscal de Morelos “Uriel Carmona no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal y los realizó hasta septiembre de 2021 y que reprobó, por lo que advirtió que asumir este cargo sin aprobar estos exámenes constituye un delito”.
Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. A.C. (PIDH) señaló desde el 8 de agosto de 2016 que en el Estado de México no se cumplió con la certificación constitucional, el INFOEM en diciembre de 2016 y enero de 2017 de dio la razón a PIDH en los Recurso de Revisión: 03448/INFOEM/IP/RR2016, y 00627/INFOEM/IP/RR/2017, en donde se derroto al Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señalando que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública: Ministerios Públicos, Policías y Peritos tenían que cumplir con la certificación y haber acreditado los exámenes de Control de Confianza.
Sin embargo, la Reforma Constitucional para instalar y consolidar el SJPA, en el país y en el Estado de México nació muerto, por la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), (antes Procuraduría General de Justicia del Estado de México); porque el resultado fue que miles de Personas Privadas de la Libertad (PPL) son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, principalmente los llamados de alto impacto como: (homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos robos con la modificativa de violencia).
No obstante, en el Estado de México no se cumplieron las obligaciones legislativas que mandató la Reforma Constitucional con el Decreto del 18 de junio de 2008, ni tampoco se ha dado cumplimiento a las leyes de la Unión, ni a las leyes locales necesarias, así como tampoco a diversos acuerdos en materia de seguridad y justicia, para cumplir con la instalación y consolidación del SJPA.
Con el incumplimiento que hemos señalado en el párrafo anterior se contraviene gravemente el artículo 61 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que señala los siguiente: Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:” … “IV. Cumplir con las obligaciones de carácter legislativo que le fueren impuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la Unión, expidiendo al efecto las leyes locales necesarias”.
Uno de los principales incumplimientos legislativos y que fueron impuestos por la Carta Magna fue el artículo 21 Constitucional y su ley reglamentaria la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la obligación de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública (ministerios públicos, peritos y policías), tuvieron que haber sido seleccionados, ingresados, formados, establecer mecanismos de permanencia, evaluación y principalmente contar con la certificación Constitucional.
Para que una vez certificados como operadores de
justicia del Sistema de Seguridad Pública, pudieran establecer la base de datos criminalísticas y del personal para las Instituciones de Seguridad Pública, porque como lo señala el mandato Constitucional que “Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema”, así como también dentro de esas obligaciones legislativas que se les impuso se destaca que los “fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”. (el subrayado es mío).
La Cámara de Diputados aprobó los recursos del FASP para la instalación y consolidación de SJPA entre los años de 2009 hasta el 202023, aclarando que estos recursos federales fueron destinados a la entidades federativas, el Estado de México es el que mayor recursos recibió por la cantidad de $ 8,384´039,629 pesos.
Violando el debido proceso y la inaplicación del SJPA, se realizan detenciones arbitrarias a personas inocentes, vinculan a proceso sin datos de pruebas, los llevan a la etapa intermedia sin los elementos de probatorios, porque la etapa de la investigación complementaria o judicializada es un solo trámite.
No existe investigación complementaria o judicializada y en los juicios orales con tan solo datos de prueba, que no pruebas y principalmente con la sola imputación son sentenciados por delitos que no cometieron, las sentencias condenatorias contravienen la Presunción de Inocencia como estándar prueba.
El gobierno de la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer frente a la corrupción, el efecto corruptor tiene en las prisiones del Estado de México a miles de inocentes y el Poder Legislativo del Estado de México no aplicó las facultades de control constitucional en el Presupuestos de Egresos de Estado de México (PEEM) y principalmente los recursos del FASP.
Para dar cumplimiento constitucional a los recursos del FASP el pasado 28 de septiembre de 2008 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Acuerdo de la Seguridad Integral de los Mexiquenses, que fue signado por los Poderes del Estado, las cúpulas empresariales, representantes de los presidentes municipales y de la sociedad civil, en la entidad mexiquense, resaltan las acciones del Poder Legislativo para la Instalación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) a través de los Fondos Federales.
Las Comisiones Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC), y de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia (CPAJ) de las LVI, LVII, LVIII, LIX, LX y LXI Legislaturas, son las responsables de no haber realizado el control constitucional de los recursos de las partidas federales y locales de Presupuesto de Egresos del Estado de México para los ejercicios fiscales de 2009 al 2023 a través de FASP.
Estos recursos asignados al FASP del 2009 al 2023 ascienden a la cantidad de $ 8 mil 384 millones 039, mil 629 pesos, de los cuales $2 mil 426 millones 069 mil 906 pesos se destinaron al Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM), al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ)-Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) se le destinaron $ 3 mil 926 millones 792 mil 212 pesos, estás sumas no incluyen la cantidad de $ 1 mil 900 millones 040 mil 847 pesos, del Fideicomiso Público para la Construcción de los Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México “FC3”.
Estos recursos no han sido transparentados por la Legislaturas del Estado de México y muchos menos por los tres últimos titulares del Poder Ejecutivo, el gobierno del Partido de Morena no podrá lograr la seguridad en el estado de México sino se transparenta estos miles de millones de pesos, que fueron desviados e inaplicados durante los últimos 18 años, que no se cumplió con el servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial y lo más grave como lo señaló el día de ayer María Luisa Alcalde Lujan Secretaria de Gobernación, que la falta de certificación constitucional de los operadores de justicia de la Instituciones de Seguridad pública como ministerios públicos, policías y peritos es un grave delito.
La falta del SJPA y el desvío de los recursos asignados al FASP del 2009 al 2023 por la cantidad de $ 8 mil 384 millones 039, mil 629 pesos, explica la falta de operadores de justicia y la grave crisis de seguridad que vive el Estado de México que tienen a miles de falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes en los penales del Estado y que no se quiere investigar al Cártel inmobiliario del Estado de México que nos defraudaron con la venta de miles de viviendas para que después mediante el fraude procesal despojar del patrimonio a miles de familias mexiquenses.
Le solicitamos que se revises miles de expedientes de la falsos culpables por delitos de alto impacto para que obtengan su libertad, que se detengan los desalojos inconstitucionales de nuestras viviendas y que nos devuelvan nuestras casas que mediante el fraude procesal no las han despojados el Cártel Inmobiliario del Estado de México.
¡Libertad a los Falsos Culpables por Delitos de Alto Impacto ¡
¡Alto al despojo de las viviendas mediante el fraude procesal ¡
¡Prisioneros Hoy, Libres Por Siempre ¡
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