Agencia MANL
Toluca, Méx.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.
En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.
UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL
El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.
Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.
El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.
Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.
LA RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO
Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.
Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.
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El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.
Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.
CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO
El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.
Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.
LA RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO
Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.
Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.
#Hashtag: #SodiCuellarEnLaMira #Edomex #estadodemexico #Edoméx #ElPoderDeServir #SCJN #PoderJudicialEdomex #TPJEM #Toluca #LXIILegislatura #LXIILegislaturaEdomex
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