Por Redacción/ Agencia MANL
Toluca, Méx.- Durante su intervención en el pleno de la 62 Legislatura del Estado de México, el diputado local Octavio Martínez Vargas hizo un llamado a sus compañeros legisladores a actuar con seriedad, responsabilidad y crítica al momento de analizar el paquete económico que está por discutirse en el Congreso. En un discurso enérgico, el legislador subrayó que no se puede seguir permitiendo la dirección indebida de recursos públicos sin consecuencias, y destacó la importancia de garantizar una fiscalización rigurosa en la asignación del presupuesto.
Martínez Vargas abrió su intervención mencionando que, aunque los órganos autónomos en la entidad frecuentemente solicitan incrementos en sus presupuestos, argumentando que esto es necesario para cumplir sus metas y objetivos, la realidad es que estos organismos están siendo objeto de serias observaciones por su falta de transparencia y control en el manejo de los recursos. El diputado destacó que muchos de estos órganos, como la Fiscalía del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa, y el Poder Judicial, se han visto involucrados en prácticas de discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, además de no contar con manuales, programas, ni procedimientos claros para la asignación de recursos.
“Es preocupante que sigamos aprobando incrementos en los presupuestos de estos organismos sin que haya un verdadero control sobre cómo se utilizan esos recursos. Este es un tema que debe ser tratado con extrema seriedad. No podemos seguir permitiendo que el dinero de los contribuyentes se maneje de manera tan opaca", afirmó el legislador.
El diputado también abordó el tema de los municipios, poniendo especial énfasis en las irregularidades detectadas en Ecatepec, el municipio más grande del país. Martínez Vargas mencionó que en la cuenta pública de 2022, se observaron más de 1,800 millones de pesos con irregularidades, y que en 2023, el monto aumentó con 247 millones de pesos adicionales. En estos casos, la auditoría reveló que se pagaron obras no realizadas, se duplicaron pagos por proyectos y, en general, solo se auditó un 5% del presupuesto total, lo que aumenta la preocupación sobre la magnitud del desvío de recursos.
“No podemos seguir permitiendo que se desvíen recursos públicos sin que haya consecuencias. Esto no es un tema menor, estamos hablando del dinero que los ciudadanos aportan a través de impuestos y contribuciones”, señaló Martínez Vargas, quien reiteró que la asignación de recursos y la fiscalización de los mismos son tareas esenciales para garantizar el buen funcionamiento del gobierno y la transparencia en su gestión.
El legislador hizo un llamado a revisar a fondo la normativa que regula a los servidores públicos y los órganos autónomos, y recordó que la responsabilidad de asignar los recursos corresponde exclusivamente a los legisladores. En este sentido, instó a sus compañeros a ser estrictos y responsables al aprobar el paquete económico, asegurándose de que los recursos se asignen de manera eficiente y sin espacios para el despilfarro o la corrupción.
Martínez Vargas concluyó su intervención subrayando la importancia de actuar con responsabilidad, de cara a la lucha contra la corrupción que ha sido un eje central en la administración de la gobernadora Delfina Gómez. Resaltó que, aunque la auditoría ha hecho un trabajo excepcional en identificar los desvíos de recursos, es esencial que los legisladores no permitan que estos casos queden impunes.
“Ojalá que esta discusión sobre el paquete económico no se quede solo en un debate de números, sino que sea una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con la fiscalización, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser serios, críticos y responsables, porque el futuro del Estado de México depende de ello”, concluyó Martínez Vargas.
Con su intervención, el diputado local dejó claro que la asignación de recursos debe ser una prioridad para el Congreso y que no debe haber impunidad para aquellos que desvíen fondos públicos, reiterando la importancia de garantizar que el dinero público se utilice de manera eficiente y transparente.
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