Toluca, Méx.- Que el Congreso local designe, con el voto de las dos terceras partes, a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para que sus opiniones no se encuentren comprometidas con la administración estatal en virtud de que son designados por el gobernador, propuso el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a la Legislatura local.
A través de una iniciativa para reformar los artículos 88, 89 y 92 de la Ley de Seguridad del Estado de México que remitió a la Diputación Permanente este martes, el legislador mexiquense advirtió que la participación de la sociedad en la toma de decisiones en esta materia resulta sustancial ante los altos índices de inseguridad en la entidad, la falta de resultados por parte de las autoridades, y la carencia de marcos regulatorios adecuados para disminuir las conductas delictivas.
No obstante, lamentó, este organismo se encuentra viciado de origen, pues pierde su autoridad cuando su integración es definida por el gobernador, con lo que margina la posibilidad de actuar con autonomía de consulta, análisis y opinión para participar en la planeación, evaluación y supervisión de las políticas públicas relacionadas con el combate de la delincuencia.
“La participación de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad pública del Estado, requiere por sus consideraciones y circunstancias que ésta se realice con una absoluta concepción democrática que permita definir y establecer fielmente los criterios que salvaguarden los intereses y la integridad de la sociedad mexiquense”, expuso.
Para que así ocurra, promovió que los consejeros ciudadanos sean “designados por la Legislatura, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, en los términos de la convocatoria pública que se emita para tal efecto”.
Para ello, la Legislatura local deberá conformar una Comisión parlamentaria especial “que se encargará de la emisión, publicación y vigilancia del cumplimiento de dicha convocatoria, que deberá actuar con transparencia y estricto apego al principio democrático, la cual deberá instalarse cuando menos con tres meses de antelación a la fecha en la que deberá tomar protesta a los integrantes del Consejo”.
Martínez Vargas también consideró necesario que este organismo realice reuniones al menos una vez al mes para garantizar el cumplimiento y efectividad de sus observaciones, de tal manera que planteó obligarlo mediante el artículo 92.
La iniciativa fue remitida por la Diputación Permanente a la Comisión de Seguridad Pública, para su análisis y posterior dictamen.
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