Toluca, Méx.- Octavio Martínez Vargas, legislador perredista, presentó ante el pleno de la LVIII Legislatura local, la iniciativa para sancionar el tráfico ilegal de armas de fuego aseguradas o de propiedad de las instituciones públicas; dicha propuesta consiste en castigar tanto la acción directa de sustracción de las armas, cartuchos y bienes asegurados, como su entrega a las personas sin autorización legal alguna, así como las conductas tendientes a encubrir dichas actividades a través de la alteración, falsificación o destrucción de archivos de control administrativo.
Además, el diputado dijo que en su momento la Legislatura compartió la iniciativa del Ejecutivo Estatal, que tiene como finalidad endurecer las sanciones a los portadores de armas, pero también resulta indispensable replantear respuestas institucionales vinculadas a fomentar una réplica eficiente y proporcional a la gravedad que corresponde dicha actividad.
En ese sentido, refirió que en el 2011 se presentaron 19, 215 denuncias por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y 42,747 por delitos contra la salud; en algunos casos, de hechos violentos y el uso de armas de fuego, que pueden ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En ese mismo año se presentaron 750,590 denuncias por la comisión del delito de robo, 37,423 homicidios, 1,327 secuestros y 14,978 violaciones, conductas todas bajo jurisdicción común, de las cuales, las tres primeras presentan una muy alta incidencia del uso de armas de fuego en su comisión.
Así mismo, añadió que de acuerdo con la información publicada por Magda Coss en su libro “Tráfico de armas en México”, la Secretaría de la Defensa Nacional fue formalmente informada del robo a 40 secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías de Justicia de los Estados, de 6, 932 armas que representaban el 60% de las armas decomisadas entre 2005 y 2008.
Por lo que, según esta misma publicación, desde 2005 se incrementaron las exigencias para favorecer un mejor control de armas una vez que la Auditoría Superior de la Federación hizo pública la auditoría a la Secretaría de la Defensa Nacional y encontró inconsistencias en los registros de importación, exportación, fabricación, compra, venta y almacenaje de armas de fuego; y duplicidad en los registros y licencias de portación de éstas, de cartuchos, municiones y material explosivo.
Concluyó su exposición, diciendo que al proponerse la reforma al Código de Justicia Militar y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se fomenta la claridad y precisión de la norma para determinar como delito la entrega de armas a los particulares, para precisar la conducta de complicidad cuando el arma entregada sea utilizada para la comisión de un ilícito, independientemente de que el funcionario conozca dichos planes, y agrava la sanción cuando se entregue a integrantes de la delincuencia organizada.
Además, el diputado dijo que en su momento la Legislatura compartió la iniciativa del Ejecutivo Estatal, que tiene como finalidad endurecer las sanciones a los portadores de armas, pero también resulta indispensable replantear respuestas institucionales vinculadas a fomentar una réplica eficiente y proporcional a la gravedad que corresponde dicha actividad.
En ese sentido, refirió que en el 2011 se presentaron 19, 215 denuncias por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y 42,747 por delitos contra la salud; en algunos casos, de hechos violentos y el uso de armas de fuego, que pueden ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En ese mismo año se presentaron 750,590 denuncias por la comisión del delito de robo, 37,423 homicidios, 1,327 secuestros y 14,978 violaciones, conductas todas bajo jurisdicción común, de las cuales, las tres primeras presentan una muy alta incidencia del uso de armas de fuego en su comisión.
Así mismo, añadió que de acuerdo con la información publicada por Magda Coss en su libro “Tráfico de armas en México”, la Secretaría de la Defensa Nacional fue formalmente informada del robo a 40 secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías de Justicia de los Estados, de 6, 932 armas que representaban el 60% de las armas decomisadas entre 2005 y 2008.
Por lo que, según esta misma publicación, desde 2005 se incrementaron las exigencias para favorecer un mejor control de armas una vez que la Auditoría Superior de la Federación hizo pública la auditoría a la Secretaría de la Defensa Nacional y encontró inconsistencias en los registros de importación, exportación, fabricación, compra, venta y almacenaje de armas de fuego; y duplicidad en los registros y licencias de portación de éstas, de cartuchos, municiones y material explosivo.
Concluyó su exposición, diciendo que al proponerse la reforma al Código de Justicia Militar y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se fomenta la claridad y precisión de la norma para determinar como delito la entrega de armas a los particulares, para precisar la conducta de complicidad cuando el arma entregada sea utilizada para la comisión de un ilícito, independientemente de que el funcionario conozca dichos planes, y agrava la sanción cuando se entregue a integrantes de la delincuencia organizada.
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