Toluca, Méx.- Con el objetivo de evitar que se entorpezcan las tareas de justicia y seguridad pública, la LVIII Legislatura del Estado de México aprobó reformas al Código Penal y al de Procedimientos Penales del Estado de México, mediante las cuales se agravan las sanciones en contra de los denominados “halcones”, quienes se dedican a acechar, vigilar, espiar, alterar, así como acceder o proporcionar información sobre las actividades oficiales que realicen servidores de seguridad pública u órganos jurisdiccionales, con la finalidad de evitar el cumplimiento de sus funciones u ocasionar daños a instituciones, órganos y servidores públicos.
Dichas conductas, incluida la vigilancia de una persona para ocasionarle un daño y portar tres o más teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radio comunicación con fines de acechanza, se sanciona con una pena de 6 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa.
El decreto número 55, publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 22 de febrero, establece que la pena se duplica si el delito es cometido por servidores públicos de instituciones de seguridad pública u organismos jurisdiccionales del Estado de México, además de que se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de 5 a 15 años.
La pena aumenta hasta una tercera parte cuando el delito se cometa utilizando cualquier medio de transmisión inalámbrica, mediante el cual se pueda realizar la emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.
Con la adición a la fracción IV del artículo 166 Ter del Código Penal, y la modificación al artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, se incluye como agravante, en la comisión del delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares, la utilización de medios de comunicación.
El decreto advierte que debido al acelerado avance tecnológico en la comisión de este tipo de delitos, además del uso de equipos sofisticados de comunicación para fines ilícitos resulta indispensable modernizar el marco jurídico para inhibir estas conductas.
Dichas conductas, incluida la vigilancia de una persona para ocasionarle un daño y portar tres o más teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radio comunicación con fines de acechanza, se sanciona con una pena de 6 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa.
El decreto número 55, publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 22 de febrero, establece que la pena se duplica si el delito es cometido por servidores públicos de instituciones de seguridad pública u organismos jurisdiccionales del Estado de México, además de que se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de 5 a 15 años.
La pena aumenta hasta una tercera parte cuando el delito se cometa utilizando cualquier medio de transmisión inalámbrica, mediante el cual se pueda realizar la emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.
Con la adición a la fracción IV del artículo 166 Ter del Código Penal, y la modificación al artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, se incluye como agravante, en la comisión del delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares, la utilización de medios de comunicación.
El decreto advierte que debido al acelerado avance tecnológico en la comisión de este tipo de delitos, además del uso de equipos sofisticados de comunicación para fines ilícitos resulta indispensable modernizar el marco jurídico para inhibir estas conductas.
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