Durante los dos periodos ordinarios y cinco extraordinarios, que antecedieron al actual Tercer Ordinario, los legisladores locales expidieron la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México, la cual considera los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial para atender estos fenómenos sociales, por lo que establece principios de coordinación a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado de México, mayores atribuciones al Centro Estatal de Prevención del Delito y fortalece la participación comunitaria y ciudadana, con la creación del Consejo Ciudadano y de los Comités de Participación.
Aprobaron también el proyecto de Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, como única instancia cuya función es vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar que las actividades de los servidores de las instituciones de seguridad pública se rijan por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, esta Inspección llevará a cabo los procedimientos y, en su caso, las sanciones administrativas que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Respecto a la ampliación de los derechos humanos, someterse a tratamientos médicos o negarse a ellos, en caso de padecer una enfermedad terminal, es una decisión que debe tomar el paciente y su familia con pleno derecho a la autodeterminación, establece la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, que permite optar por los procedimientos terapéuticos o una muerte digna, sometida a los plazos que marca la naturaleza.
En este sentido, está expresamente prohibido suministrar fármacos y medicamentos para acortar la vida y aplicar tratamientos que provoquen la muerte.
Por otro lado, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios basa sus preceptos en el mandato constitucional de que “toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, por lo que establece que en ningún caso podrá restringirse el suministro de agua potable a la población y, mucho menos, suspenderse definitivamente el servicio.
Considera medidas para su uso racional y eficiente, e incorpora innovaciones como el reconocimiento de cuerpos de agua de jurisdicción estatal y municipal, crea el Consejo Técnico del Agua y establece la posibilidad de integrar organismos operadores intermunicipales.
De igual forma, los diputados mexiquenses emitieron la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de México, que obliga a estos establecimientos a contar con un permiso para operar, además de informar a sus clientes los términos y condiciones de los contratos, incluyendo costos e intereses, así como denunciar ante el ministerio público la comisión de hechos posiblemente delictuosos con motivo de los servicios que presta.
También deberán pagar indemnizaciones en casos de pérdida, extravío, deterioro, incendio o cualquier otra causa que les impida entregar la cosa empeñada en la misma forma en que la recibieron.
En cuanto a los usuarios, deberán acreditar la propiedad del bien en prenda, cuando el monto del préstamo exceda los tres mil pesos, o de lo contrario emitir un manifiesto en el que reconozca que es legítimo propietario del mismo, debiéndose identificar plenamente con documento oficial o acompañado de dos personas debidamente identificadas que atestigüen que la prenda es suya.
Por otra parte, para eficientar y transparentar la contratación gubernamental de bienes y servicios, así como la adquisición y arrendamiento de muebles e inmuebles, además de racionalizar la administración de los recursos públicos, que otorguen el máximo beneficio a la sociedad mexiquense, fue aprobada la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
A través del uso de herramientas tecnológicas, este nuevo ordenamiento sistematiza los procedimientos adquisitivos, con el propósito de obtener mejores condiciones de compra, pero principalmente evitar los actos de corrupción y discrecionalidad, tanto de los servidores públicos como de los proveedores durante el proceso de licitación.
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